La Fiscalía General del Estado le formuló imputación al ex funcionario Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura, audiencia en la que además se resolvió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.
En una jornada que se prolongó por varias horas, la Juez de Control escuchó los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, los cuales obran en la carpeta de investigación iniciada tras una denuncia recibida en diciembre de 2021 en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En una seria y profesional investigación a cargo de un equipo multidisciplinario, fueron levantadas una serie de declaraciones y evidencias, estudios y análisis, incluido la aplicación del Protocolo de Estambul, mismo en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos.
Los hechos que se le imputan ocurrieron en un domicilio de la ciudad de Chihuahua, durante el periodo comprendido de febrero de 2017 a noviembre de 2018, cuando, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, torturó psicológica y físicamente a una víctima de identidad reservada.
Una vez realizado el señalamiento, robustecido con 19 testigos que deponen en su contra; el órgano jurisdiccional definirá su situación jurídica el sábado 26 de noviembre cuando se efectúe la audiencia de vinculación o no a proceso.
La Fiscalía General del Estado garantiza la seguridad del imputado en el Centro de Reinserción Social, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad.
*De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
