Redacción de ‘El Papelerito’
Luego de la controversia generada por la difusión de imágenes con armamento en sus redes sociales, Samuel García Loya, subdirector de Desarrollo Rural del Municipio de Parral, acudió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para dar una explicación oficial y terminó por admitir que las armas mostradas son de su propiedad, así como que dos de los rifles carecen de registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El propio funcionario reconoció que cometió un error al exhibir el armamento, al tiempo que presentó documentación con la que busca justificar la posesión legal de una pistola calibre .22 y un rifle de repetición calibre 30-06, ambos —según dijo— debidamente registrados en el padrón federal de armas y vinculados a actividades de cacería reglamentaria, además de acreditar su condición de ganadero en activo.
Sin embargo, quedó asentado que dos de los tres rifles calibre .22 mostrados en la imagen original no cuentan con registro, situación que contradice la normativa vigente. En México, toda arma de fuego —incluso las permitidas para caza— debe estar registrada de manera individual ante Sedena, independientemente de la afiliación a clubes deportivos o asociaciones cinegéticas.
García Loya argumentó ser miembro activo de la Federación Mexicana de Tiro y Caza A.C., así como estar afiliado al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), pero especialistas en la materia recuerdan que pertenecer a un club no sustituye ni exime el registro obligatorio de cada arma, ni autoriza la posesión irregular. La ley distingue claramente entre posesión en domicilio, registro, y portación, esta última sujeta a permisos excepcionales.
En otro momento, el funcionario descartó que las armas fueran producto de algún aseguramiento oficial y se deslindó de operativos de decomiso, aclarando que no existe relación alguna con acciones de Seguridad Pública.
Más allá de las explicaciones, el caso vuelve a colocar bajo la lupa el manejo y la responsabilidad de los servidores públicos, particularmente cuando reconocen la posesión de armamento sin registro y recurren a argumentos que no tienen sustento legal pleno.
La exhibición pública de armas, aun cuando algunas sean legales, no solo genera alarma social, sino que abre cuestionamientos sobre el cumplimiento de la ley por parte de quienes forman parte de la administración municipal.
Hasta el momento, no se ha informado si la autoridad competente dará vista a Sedena por la posesión de armas no registradas, ni si se iniciará algún procedimiento administrativo o legal derivado de los hechos.
