El abogado Carlos Omar Villalobos Peinado, envió un comunicado a medios a efecto de poner en un contexto real de la situación acontecida relativa al amparo que él promovió en favor de una comunidad de indígenas afectados por la demolición de las represas del rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte.
En primer término, el abogado expone qje fue contactado por una comunidad de indígenas de la etnia Raramuri, e integrantes del ejido “El Trigueño”, municipio de Balleza, siendo importante destacar que, por su carácter étnico, son considerados grupos vulnerables protegidos por diversas disposiciones constitucionales para salvaguardar sus derechos fundamentales, incluso por la propia Ley de Amparo.
Ellos le manifestaron desde el sábado 24 de mayo que tuvieron conocimiento de la llegada de maquinaria pesada al municipio de Balleza, a bordo de un tráiler cuyos conductores preguntaron a diversos pobladores por el Rancho El Saucito, que venían procedentes de Guasave, Sinaloa, con la instrucción de derribar con maquinaria y explosivos las represas de ese predio, además, esos mismos funcionarios comentaron que recibieron la instrucción de trasladarse a Parral y que regresaban el martes, acompañados de la Guardia Nacional y de elementos de la Fiscalía General del Estado, para dar cumplimiento a la instrucción, razón por la que, ante la preocupación de la inminente destrucción de los presones que contienen poca agua, pero que cuentan con permiso de aprovechar para su sustento diario, para sus actividades incluso de supervivencia, tal como ha venido sucediendo desde hace décadas atrás.
Es así que, relata el defensor legal, en ese momento que se entrevistó con ellos y les solicito algún tipo de documentación que pueda acreditar lo que manifestaron, a efecto de poder plantear alguna estrategia jurídica legal que les pueda servir de apoyo a que, de momento, se paralicen las obras de destrucción que afectarían a las comunidades indígenas aledañas, pues ese cuerpo de agua es el más cercano y apropiado para diversas actividades importantes tales como el combate de los múltiples incendios que hay en la región, derivados de la sequía extrema que se padece en los últimos años, además de utilizarlo para el consumo diario de sus actividades de supervivencia y salud.
Adicionalmente, el impacto ambiental de derribar esa represa que tiene más de 100 años construida y con permiso que data desde 1942, y que los jabalíes, conejos, patos, entre otras especies que usan de alimento, necesitan de esa agua, por lo que derribarla los dejará en una situación precaria. Por si esto fuera poco recargan los mantos acuíferos, crean un microclima y ayudan a mantener humedad en los terrenos aledaños, como es su comunidad indígena.
En las relatadas condiciones, es que Carlos Omar Villalobos Peinado procedió a plantear la estrategia de manera urgente, teniendo como consecuencia la elaboración de un juicio de amparo con una suspensión planteada la cual firman habitantes indígenas del ejido El Trigueño”, municipio de Balleza, y otros estampan su huella, todos debidamente identificados, aún con el tiempo en contra y diversos factores.
El abogado advierte que la información emitida en diversos medios de comunicación se encuentra distorsionada, pues en primer lugar, es un derecho de las comunidades indígenas el recurso al vital líquido hídrico, además de las propias imágenes reproducidas en vídeo, se advierte en primer lugar que no corresponde a las cantidades de agua que refieren, [ya que] cualquiera que incluso no tenga el conocimiento puede advertir que esa agua, al desbordarse de esa manera, únicamente se desperdició, pues no llegó a ningún río, además, como era evidente a todas luces, la misma se evaporó en el trayecto por las altas temperaturas y la cantidad tan pequeña de agua, razón por la que invitamos a un acercamiento con las autoridades correspondientes a efecto de que se garantice el disfrute de ese recurso hídrico de manera adecuada, y no se continúe realizando como hasta el día de hoy, únicamente para desperdicio, situación que si constituye una arbitrariedad, reiterando que la destrucción del primer presón, que como se pudo constatar en el video que se exhibió en diversos medios de comunicación, contienen agua superficial, ya que por su antigüedad, tienen más del 70% de lodos y piedras.
«Esa agua no solo se desperdició, sino que inutilizaron fosas sépticas alrededor, afectando a los habitantes cercanos», lamentó
«Es una verdadera lástima que se politice este tipo de temas, surgiendo una serie de rumores y calumnias, lanzando ataques amenazantes, por defender los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad, razón por la que invito a las autoridades correspondientes a un acercamiento para poder garantizar el aprovechamiento del vital líquido a nuestras comunidades indígenas aledañas, pues la preocupación es alta entre los mismos», concluyó Villalobos Peinado.
