La figura del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se encuentra en el centro de la polémica tras revelaciones provenientes de agencias federales estadounidenses, que apuntan a una investigación formal en su contra por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Según información filtrada por fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos a diversos medios, la DEA indaga movimientos financieros irregulares que presuntamente involucran al alcalde fronterizo y a personas de su entorno más cercano. Las indagatorias, aún en desarrollo, incluyen la revisión de cuentas bancarias en Texas, Nuevo México y Nevada, además de propiedades registradas a nombre de familiares y colaboradores, principalmente en El Paso y Albuquerque.
Lo que ha despertado las alertas en las autoridades estadounidenses son transacciones en efectivo, triangulación de recursos, ingresos no reportados y transferencias a terceros, las cuales podrían estar vinculadas a estructuras del crimen organizado en la región norte de México. También se investiga el uso de empresas fachada como posible mecanismo para justificar flujos de dinero que superarían el millón de dólares.
Aunque hasta el momento no existe acusación formal, la investigación ha motivado una respuesta desde el Congreso del Estado de Chihuahua, ya que, Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se pronunció a favor de que las autoridades competentes analicen a fondo los señalamientos.
“Cuando haya cualquier indicio de denuncia, es mejor que se investigue… cuando las causas se abandonan, hay impunidad”, expresó. No obstante, pidió no adelantar juicios ni caer en especulaciones.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya habría sido informada de las pesquisas, aunque el gobierno mexicano no ha emitido postura oficial. El caso pone presión sobre la administración juarense, y abre una nueva línea de escrutinio político con posibles consecuencias legales, tanto en México como en Estados Unidos.
La situación se desarrolla en medio del actual proceso electoral interno de Morena y de las definiciones políticas rumbo al 2027, por lo que el impacto del caso podría ir más allá del ámbito judicial. Mientras tanto, las investigaciones continúan.
