Cuando la diputada local Alma Portillo alzó la voz para “defender el derecho al agua de los parralenses”, su discurso dio la vuelta al estado: “Movimiento Ciudadano está aquí, en Parral, con su gente. ¡Es momento de actuar! ¡Defendamos nuestro derecho al agua!”, clamó al anunciar que preparaba “estrategias contundentes” contra los tandeos y cobros desproporcionados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).
Nadie recordó entonces su pasado inmediato: cuando era candidata plurinominal a la curul que ocupa hoy, prefirió el silencio ante un caso muy claro de uso indebido del agua por parte de un correligionario, nada menos que Alfredo Lozoya, quien fue señalado por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de operar una toma clandestina en su propiedad.
Mario Mata confirmó el operativo tras “varias denuncias anónimas” sobre ese desvío de un recurso público y, sin embargo, Portillo no emitió un solo pronunciamiento, petición de investigación ni reproche a su compañero de partido. Hoy, como diputada, hace valer el derecho al agua con firmeza mediática.
En esa coyuntura, la persecución contra «El Caballo» por parte de Gobierno del Estado se acabó cuando MC perdió la alcaldía y ya no hubo seguimiento, ni eco, ni nada. Hoy él es legislador federal y el director de la JCAS se acaba de destapar para buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua. Patético.
Regresando con Alma Portillo, extendió a su agenda feminista al presentar “8M, 8 Acciones Legislativas”: tipificación de la violencia digital, registro de agresores, exención de ISR a jefas de familia y capacitación a autoridades receptoras de denuncias. “Estoy aquí por las que luchan; lucharé para todas”, proclamó ante el Pleno. Pero, de nuevo, su impecable retórica contrastó con la omisión durante su paso por el Cabildo de Parral.
Fue precisamente en el periodo en el que era síndica cuando el Tribunal Estatal Electoral sentenció al entonces alcalde César Peña por ejercer violencia política de género contra Dalila Villalobos, que se desempeñaba como regidora, ya que César ordenó su remoción de la oficina que por ley le correspondía y, tras el fallo, recibió sanciones y la orden de emitir disculpas públicas. Aunque después, tras impugnar, revirtieron el fallo y resultó inocente.
Pero la síndica Portillo, con voz en ese mismo Cabildo, no impulsó respaldo público a la víctima, con una vara que le urge balancear, ya que no se trata de descalificar todo lo que la actual diputada hace hoy, sino de exigir la coherencia que reclama su propio discurso sin respaldo moral.
El derecho al agua y la lucha contra la violencia de género no admiten cálculos partidistas ni oportunismos de escenario. Un verdadero compromiso exige que la defensa comunitaria sea siempre pareja: si cuestiona al titular de la JMAS de Parral, debería impulsar al mismo tiempo en el Congreso del Estado una investigación sobre cualquier falta, sin importar el color político del infractor; si tipifica la violencia contra las mujeres, debería también reclamar y sancionar, desde su cargo, los actos de violencia de género allá donde ocurrieran.
Exigir derechos es noble, pero hacerlo con imparcialidad y consistencia es vital para ganar credibilidad, esa de la que ella carece, porque da la impresión de.que sus denuncias y propuestas nacen de la coyuntura del momento o de la atracción de reflectores, y no de una convicción práctica que trasciende titulares en medios y discursos vacíos.
¡Ya nomás falta que proponga una iniciativa de ley contra el despojo de propiedades!
