El dicho coloquial «no se puede chiflar y comer pinole» significa que no es posible realizar dos acciones incompatibles o contradictorias al mismo tiempo, o bien, que es necesario concentrarse en una tarea a la vez y no intentar abarcar demasiado, o que hay cosas que simplemente no se pueden hacer juntas.
La expresión bien podría aplicarse a la juarense Andrea Chávez, quien no ha cumplido ni un año completo como senadora y ya se habla de ella como presidenciable… del Senado, y también como aspirante a gobernadora de Chihuahua. Ese doble carril político, que parecería signo de fuerza y ambición, también podría leerse como síntoma de una ruta apresurada, poco consolidada y profundamente cuestionada.
Chávez Treviño percibe un ingreso neto mensual de 131 mil 700 pesos, sin contar prestaciones y otros beneficios. Hasta ahí, nada irregular: es la dieta base equiparable a salario, aunque no se le puede llamar así, para un senador en México. Lo problemático es lo que ha hecho —o dejado de hacer— con ese encargo. En casi siete meses de gestión, solo ha presentado una iniciativa de ley (una declaratoria simbólica sobre el Día del Alfarero) y cinco puntos de acuerdo, todos enfocados en temas locales de Chihuahua. Ha registrado tres ausencias y una licencia.
Esa productividad legislativa contrasta con su exposición pública y su estrategia de posicionamiento constante en medios y redes, donde parece ya más candidata que senadora, y aunque su nombre ha sido barajado para presidir el Senado, la propia Andrea Chávez ha reconocido que su prioridad es competir por la gubernatura de Chihuahua para 2027, lo que confirma que el escaño que ocupa —que debería ser un espacio de representación, deliberación y legislación— se ha convertido en una plataforma electoral anticipada.
Si bien, no es la única que lo hace, sí es una de las más evidentes y su trayectoria también merece una revisión honesta: es licenciada en Derecho en 2020 por la UACJ; inició como asesora legislativa y muy pronto ascendió a coordinadora de comunicación en la campaña presidencial de Adán Augusto López Hernández, a quien señalan de ser su padrino político y principal impulsor de su imagen. De ahí, de la campaña del tabasqueño, dio el salto a diputada federal plurinominal y, ahora, al Senado por la vía de primera minoría, siendo la más votada con más de 800 mil sufragios. En menos de cinco años pasó de estudiante a figura nacional. El mérito no está en duda, pero sí la profundidad de ese camino.
Y luego está el ruido que la rodea: su cercanía con el llamado Grupo Tabasco, los contratos cuestionables de las unidades médicas móviles que promueve en Chihuahua, las críticas veladas —y luego abiertas— de la presidenta Claudia Sheinbaum por ese uso propagandístico de recursos públicos. El colofón vino en mayo de este año, cuando una lista extraoficial atribuida al Departamento de Estado de EE.UU. incluyó al senador Adán Augusto López entre los 44 políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. La senadora no ha sido señalada directamente, pero su cercanía con esa estructura pone bajo lupa cada peso que mueve, cada evento que organiza, cada empresa que contrata.
Chávez no ha sido formalmente acusada de ningún delito. Pero la política, sobre todo cuando se aspira a gobernar un estado, no se juega únicamente en el plano legal. También pesa el juicio político y ético. El suyo sigue pendiente.
En resumen: Andrea Chávez tiene visibilidad, estructura, alianzas y ambición. Pero también carga con un expediente frágil, una gestión legislativa exigua y vínculos cuestionables. En ese terreno movedizo se construye su aspiración. Y si el sistema no la frena, quizás lo haga el electorado.
