Apenas tomó posesión Amín Corral el pasado jueves 16 de mayo como titular de la oficina regional con sede en Parral de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y él solo le puso el cascabel al gato poniendo como prioridad en su agenda de trabajo, la atención a la problemática de desplazamiento forzado que existe en la Sierra Tarahumara.
Apenas cuatro días después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Javier González Mocken lanzó un misil a “las autoridades”, sin especificar a ninguna, que no han atendido las quejas de los habitantes afectados de, al menos, cuatro municipios del Estado, dos de ellos de la región sur, siendo Valle de Zaragoza y Guadalupe y Calvo, donde el crimen organizado tiene mayor presencia que los militares o los agentes estatales y, por ende, mayor influencia.
Entre los actos violatorios señalados en los expedientes que obran en el archivo de la CEDH -recibidos entre 2021 a la fecha-, las personas quejosas manifiestan, por supuesto, haber tenido que desplazarse de sus lugares de origen a causa de la inseguridad y violencia, pero si eso no fuera suficiente, los afectados señalan omisiones en el seguimiento a sus denuncias o falta de apoyo de las autoridades.
Una de las quejas, incluso, fue iniciada de oficio por el organismo derecho humanista, tras conocerse sobre el desplazamiento forzado de más de 30 personas indígenas a causa de un hecho violento de los tantos que a diario ocurren Guadalupe y Calvo, como las balaceras que duran días enteros y de las que la Fiscalía de Distrito Zona Sur, como siempre, no encuentra nada hasta que es demasiado evidente para negarlo.
Amín Corral habla de, al menos, 100 familias tan solo en Guadalupe y Calvo que se encuentran en esta situación, a los que habría que sumarles las que enfrentan la misma problemática en Valle de Zaragoza.
El nuevo representante de Desarrollo Humano y Bien Común tiene a su favor un par de ventajas: que él fue visitador de la CEDH para esta región, así que sabe por dónde; y además, que guarda amistad con el fiscal Juan Carlos Portillo, así que, en teoría, no debería dificultársele obtener información de los indígenas desplazados para ofrecerles toda la ayuda que está dentro de su alcance y rango de acción.
No se trata – ni podría hacerlo – de que Amín vaya tras los delincuentes. No es esa su función. Ni que obtenga declaraciones de los afectados. A él, aunque abogado y exderechohumanista, no le corresponde la procuración de la justicia, aunque las declaraciones de la Comisión Estatal le rozan, pero a Chava Calderón le queman porque hablan de omisiones y falta de atención, y el ahora candidato a alcalde estuvo en esa oficina desde el mes de febrero de 2023, es decir, más de un año, y tampoco le correspondía montarse en una patrulla, pero sí la asistencia social, la alimentación y la ayuda por la búsqueda de empleo, lo que acaba de ofrecer Corral Shaar.
Pero los que llevan la mayor carga de responsabilidad son, sin duda, las corporaciones de seguridad, que se han visto plenamente rebasadas en el ejercicio de sus funciones por los delincuentes que presumen en redes sociales como “patrullan” por Guachochi, por Creel, por Guadalupe y Calvo, por Valle de Zaragoza y otros poblados en los que, según la Fiscalía, mantiene a los elementos de la Base de Operaciones Institucionales en operativo permanente, salvo cuando hay enfrentamientos armados, porque ahí ni quien los vea, hasta 48 o 72 horas después cuando ya no encuentran, como versan sus comunicados, “indicios” de nada y reportan saldo blanco.
Tal vez sea Amín Corral quien le dé sentido social a la oficina asistencialista del Gobierno del Estado y demuestre que realmente tiene la capacidad de sacarla adelante y que no llegó ahí como premio de consolación por aguantar la risa de no haber obtenido ninguna candidatura en la coalición. Es muy temprano para juzgar, así que, al tiempo.
