La política social del Gobierno Federal, que tantas veces se presume como eje de transformación, enfrenta en Chihuahua una sacudida legal sin precedentes: una auditoría externa obligatoria por mandato judicial a la Delegación del Bienestar, derivada de un juicio de amparo promovido en 2019 por un exservidor de la propia dependencia, Hugo Ruiz Esparza.
La sentencia es clara, firme y ha causado estado. No es una acusación mediática ni una filtración oportunista: es la culminación de un proceso legal que destapa lo que podrían ser años de opacidad en el manejo de recursos destinados a los programas sociales más sensibles: las pensiones para adultos mayores, los apoyos a personas con discapacidad, las becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro.
El señalamiento no es contra un burócrata menor. Apunta directamente a Juan Carlos Loera de la Rosa, hoy senador y entonces delegado estatal del Bienestar, así como a Marcelino Gómez Brenes, entonces subdelegado regional. El denunciante —Ruiz Esparza— afirma haber sido testigo de la desaparición de al menos 3 mil 800 recibos de pago del bimestre julio-agosto de 2021. La Delegación admitió, en una audiencia judicial videograbada, que los documentos simplemente “ya no estaban”.
Lo grave no termina ahí. Ruiz Esparza fue detenido en 2024 y trasladado de Chihuahua a Jalisco, incomunicado por 16 horas, esposado y golpeado, bajo cargos que, él sostiene, fueron fabricados como represalia por haber denunciado las irregularidades. Afirma que las pruebas que demostrarían su inocencia fueron eliminadas digital y físicamente. “Me quieren inculpar para desaparecerme”, dijo en una conferencia.
Ahora, cual serie de Netflix, la justicia le da la razón. La orden judicial no solo obliga a la auditoría, sino que advierte que, de persistir el desacato, podrían imponerse sanciones administrativas y penales a quienes sigan entorpeciendo la revisión. Juan Carlos Loera, por su parte, ha desestimado todo, acusando una campaña política en su contra, la cantaleta favorita de la 4T. Pero el expediente crece y el siguiente paso ya se vislumbra: un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional, si se comprueba su implicación directa en actos de corrupción.
Aunque no creemos que la sangre llegue al río, si la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, siendo del PAN, no ha podido iniciarle un juicio de procedencia a Javier Corral, más difícil se antoja que lo logre un exfuncionario morenista.
Así, en tiempos donde el discurso anticorrupción se ha convertido en estandarte de gobierno, Chihuahua podría convertirse en el epicentro del caso que cuestione no solo la integridad de un legislador federal, sino la limpieza del programa social más ambicioso del país.
¿Se atreverá el gobierno a permitir que la auditoría llegue hasta las últimas consecuencias? ¿O protegerá políticamente a los suyos, aunque sea a costa del Bienestar?
Para muestra, varios botones: Cuauhtémoc Blanco, Felix Delgado, Francisco Garduño, Adán Augusto López y un larguísimo etcétera que recientemente le ha pegado duro a Juárez con Andrea, Cruz y ahora Juan Carlos.
