El ex auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, reaccionó luego de que se ventilaron que fue nuevamente vinculado a proceso por una nueva causa penal que obtuvo ayer la Fiscalía Anticorrupción del Estado en su contra, por un supuesto desvío de cinco millones de dosis en presunta complicidad con sus hijas.
Cuestionó que no se den a conocer boletines de prensa exhibiendo todos los actos de corrupción cometidos por la anterior administración -encabezada por Javier Corral Jurado- y que no se sabe tampoco qué ha pasado con los exfuncionarios corralistas que no han sido detenidos y con los que sí fueron vinculados a proceso.
Es del conocimiento público -se lee en un comunicado emitido por Esparza Flores- que mi familia y yo, durante 5 años, fuimos víctimas de una persecución política por la anterior administración estatal.
En diciembre del año 2019, recuerda el ex auditor, presenté denuncias en contra de la entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gemma Guadalupe Chávez, quien me amenazó y cumplió con proceder en contra de mía y de mi familia. Como consecuencia, desde enero de 2020, se inició un procedimiento penal en contra de mis hijos, el cual se encontraba suspendido por falta de documentación que acredite la acusación, así como por una serie de resoluciones que presentamos y ganamos, ya que la Justicia Federal nos ha dado la razón en diversos aspectos.
Pese a ello -continúa- accedimos a ir a audiencia inicial y continuar con el proceso, pues este “limbo jurídico” nos impedía realizar trámites administrativos, migratorios y gubernamentales.
No está por demás recordar que este proceso en contra de mi familia fue autorizado por el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez; el mismo juez que confesó que recibía presiones de Palacio de Gobierno para vincular a proceso y aplicar la prisión preventiva a la actual gobernadora, Maru Campos.
El día de ayer, la juez provisional Jessica Beltrán Jiménez, dictó la vinculación con fundamento ilegal en el artículo 212 del Código Penal Federal, cuando el tribunal es local, por lo que no es aplicable la legislación federal. En la misma audiencia, se acreditó la contradicción de los testigos, la justicia selectiva y una serie de pruebas ilegales, por lo que estamos seguros que con esto, y 12 argumentos más que expusimos mi abogado defensor y yo, nos será resuelto favorablemente el amparo en los tribunales federales.
Subrayo que mis hijos ni fueron funcionarios ni recibieron recursos públicos, ni cometieron ningún acto ilegal, lo cual, con el tiempo y como siempre lo hemos hecho, con la ley en la mano, podremos demostrar.
Lamentablemente, pese a existir una nueva administración, continúa la persecución política y la consigna, prueba irrefutable de ello es que, al salir de la audiencia, el ex Magistrado Gabriel Armando Ruiz Gámez, vice fiscal de la Fiscalía Anticorrupción se comunicó telefónicamente con el titular informándole que: “Todo salió conforme a lo acordado previamente con el Tribunal… No, no jefe, tal y como se los pedimos, sí, sí, ellos cumplieron todo lo pactado”. Esto sucedió en los pasillos, yo iba caminando detrás de él y no se percató que oí su conversación.
La misma juez solicitó en audiencia que no se circulara en medios de comunicación fotografías, nombres ni datos personales. Sin embargo, al titular de la Fiscalía Anticorrupción le gana el ego y el protagonismo.
Yo pregunto a los medios de comunicación y a la opinión pública: ¿En dónde están los boletines de prensa exhibiendo todos los actos de corrupción cometidos por la anterior administración? ¿Qué ha pasado con los exfuncionarios coralistas que no han sido detenidos y los vinculados a proceso? ¿Qué resultados les dio el fallido caso de tortura en contra de Francisco González, una carpeta tan débilmente armada que fue atraída por la federación? ¿Es tan poco el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que requieren justificar su oneroso aparato enviando un boletín a todos los medios exhibiendo a mis hijos?
El daño familiar, moral, emocional y profesional que han ocasionado, desde el gobierno, por más de 5 años es incuantificable. Tanto mi familia como yo valoraremos las acciones legales correspondientes por esta nueva embestida mediática.
Al resolverse favorablemente nuestros amparos, el Titular de la Fiscalía Anticorrupción y su equipo, por dignidad, deberán renunciar y no regresar nunca más a la Administración Pública
