En una sesión que se prolongó por más de quince horas marcadas por la confrontación política, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, así como modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La iniciativa, enviada por el Senado y promovida originalmente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, busca -según el dictamen- fortalecer el juicio de amparo como instrumento de defensa de los derechos humanos y garantizar que las leyes aprobadas por el Congreso tengan plena aplicación.
En medio de la polémica, las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público ajustaron el régimen transitorio para establecer que los juicios en trámite seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes al inicio de su procedimiento, buscando dar certeza jurídica a los procesos en curso, apoyando de esta manera la retroactividad.
El texto aprobado redefine el concepto de interés legítimo, estableciendo que el acto o norma impugnados deberán provocar una lesión real, actual y diferenciada, y que su anulación produzca un beneficio directo para quien promueve el amparo.
Además, incorpora el uso del amparo en línea, permitiendo que las promociones, notificaciones y expedientes puedan presentarse en formato digital o impreso, de forma opcional.
“UN AMPARO MÁS RÁPIDO, EFICAZ Y MODERNO”: JULIO CÉSAR MORENO
Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, subrayó que la reforma busca “que el juicio de amparo sea un procedimiento pronto, expedito y eficaz, como lo mandata la Constitución”, además de modernizar los procesos mediante herramientas digitales.
«El dictamen es resultado de un proceso plural, abierto y deliberativo, impulsado inicialmente por las juntas directivas de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, quienes realizaron ajustes significativos al régimen transitorio para dar certeza jurídica y retomar la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, sostuvo el legislador morenista.
Moreno Rivera explicó que durante la construcción del dictamen se realizaron tres jornadas de audiencias públicas con especialistas, juristas, organizaciones sociales y representantes del Poder Judicial. Agregó que la reforma pretende “recuperar el sentido original del amparo como escudo ciudadano frente al abuso de autoridad”, y evitar que sea utilizado para “encubrir actividades ilícitas o frenar actos de interés público”.
Por lo que, tras varios días de debate, el dictamen fue avalado este martes en lo particular y en lo general con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, en medio de un enfrentamiento en el que Morena y sus aliados defendieron la reforma “a capa y espada”, mientras la oposición advirtió que limita el alcance del principal medio de defensa jurídica en el país.
El debate en lo particular fue extenso y polémico, ya que se presentaron 312 reservas, aunque solo tres fueron aprobadas: las de los diputados Hugo Eric Flores Cervantes, Ricardo Monreal Ávila y Mariana Benítez Tiburcio, todos de Morena.
La reserva de Hugo Eric Flores modificó el artículo tercero transitorio, precisando que las etapas procesales concluidas se regirán por la ley vigente al inicio de los procesos, mientras que las actuaciones posteriores se ajustarán a la nueva norma, sin aplicar retroactividad ni afectar derechos adquiridos.
Ricardo Monreal introdujo una modificación al artículo 129, para establecer que se considerará perjuicio al interés social si se continúa con actividades o servicios que requieran permisos o concesiones federales cuando éstos hayan sido revocados o carezcan de validez.
Por su parte, Mariana Benítez realizó un ajuste al artículo 128, eliminando un inciso y precisando que la suspensión del acto reclamado no podrá causar daño significativo a la colectividad ni privar a la sociedad de beneficios ordinarios.
Las mociones suspensivas promovidas por legisladores de la oposición, que buscaban devolver el dictamen a comisiones, fueron desechadas en votación económica.
POSTURAS ENCONTRADAS
En el ambiente del Pleno se respiraba cansancio, pero también la firmeza de las posturas encontradas: Morena y aliados defendiendo la necesidad de modernizar el juicio de amparo; la oposición, denunciando lo que consideraron un retroceso en materia de derechos.
En la tribuna, Rubén Moreira, coordinador del PRI, calificó la reforma como “una afrenta al Estado de derecho”.
«Votaremos en contra del adefesio que significa esta reforma a la Ley de Amparo, porque proviene del poder, porque es un paso más hacia la destrucción de los contrapesos y de las libertades”, expresó.
Desde el PAN, el coordinador de la bancada, Elías Lixa Abimerhi, advirtió que la nueva legislación “da la espalda a los más débiles y vulnerables”.
«Hoy le dan la espalda a los colectivos feministas, a las comunidades indígenas y a los defensores del medio ambiente; es un retroceso que limita la protección judicial de los derechos humanos”, afirmó.
En contraste, los legisladores de Morena insistieron en que la reforma no debilita el amparo, sino que lo “ordena, agiliza y devuelve su esencia como herramienta ciudadana”.
UNA SESIÓN LARGA Y TENSA
La sesión concluyó entrada la madrugada, con la votación en lo particular que ratificó la aprobación de la minuta. Entre aplausos, pancartas, gritos y acusaciones cruzadas, se selló una de las discusiones más intensas del actual periodo ordinario de sesiones.
El dictamen fue turnado al Senado, con ello, la Cámara de Diputados puso punto final a un debate que, más allá de los números y las reservas, deja en el aire un dilema central: ¿cómo equilibrar la eficacia judicial con la protección de los derechos ciudadanos en un país donde el amparo ha sido, por casi dos siglos, el último refugio frente al poder?
RETROACTIVIDAD VUELVE A LA EL AMPARO QUEDA EN VILO
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, así como modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La iniciativa, enviada por el Senado y promovida originalmente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, busca -según el dictamen- fortalecer el juicio de amparo como instrumento de defensa de los derechos humanos y garantizar que las leyes aprobadas por el Congreso tengan plena aplicación.
La reforma a la Ley de Amparo, así como modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue avalada en lo general con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones.
Una vez aprobada en lo particular, el dictamen sería enviado al Senado, donde se le había incluido el transitorio que establecía que la nueva ley se aplicaría a todos los juicios de amparo vigentes, entre ellos los ya iniciados.
La semana pasada, las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público devolvieron dicho transitorio a la redacción original de la iniciativa propuesta por la Presidenta, la cual establecía que los asuntos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor del decreto continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
Información de Excelsior
