La diputada Brenda Francisca Ríos Prieto (MORENA) llevó a tribuna un mensaje incómodo —porque es técnico, porque es verificable y porque toca bolsillo—: el Congreso autorizó al Municipio un crédito de $570,000,000 para tres puentes… y hoy el costo total reportado ya ronda $761,552,704, es decir, ~$191.5 millones adicionales.
“No venimos a pedirle a Chihuahua que crea a ciegas. Venimos a pedir prueba técnica”, sostuvo la legisladora al presentar una Proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exigir al Ayuntamiento un informe completo del sobrecosto, la entrega de contratos y anexos, y la comparecencia ante la Comisión Especial de Seguimiento que se creó para vigilar “cada peso”.
El fondo del planteamiento fue una línea de control parlamentario: si el costo es correcto, la transparencia no debería dar miedo. Y sin embargo, el exhorto se topó con un muro político: 14 votos en contra, encabezados por la bancada del PAN, además de 5 diputaciones que no votaron y 1 inasistencia.
La ruta del dinero: de los $570 millones a los $761.5
El crédito aprobado por el Congreso estaba destinado específicamente a tres obras viales en la ciudad de Chihuahua:
1. Paso superior en Vialidad Los Nogales – Av. Industrias
2. Paso superior en Carretera a Aldama – Av. Fuerza Aérea
3. Gaza de incorporación entre Blvd. Teófilo Borunda (Canal) y el Periférico de la Juventud
Durante su intervención, Brenda Ríos recordó que el Municipio ya había perdido un primer crédito por negligencia administrativa (plazos vencidos) y que, precisamente por ese antecedente, el Congreso estableció una condición: crear una Comisión Especial para vigilar el ejercicio de la deuda y la obra pública.
El punto crítico, señaló, es que el sobrecosto no es una anécdota: se traduce en recursos comprometidos para ejercicios futuros y en una factura que termina cayendo en quien siempre paga: la gente que trabaja, produce y contribuye.
Lo que pedía el exhorto:
El Punto de Acuerdo solicitaba, entre otros elementos:
Que el Ayuntamiento remitiera a este Congreso un informe pormenorizado con el costo actualizado de cada puente.
Que entregara la justificación técnica y financiera de los incrementos (memorias de cálculo, estudios de costo, ajustes, y sustento del proceso de licitación).
Que remitiera contratos de obra y servicios, proyectos ejecutivos y convenios modificatorios, además de la descripción de fuentes de financiamiento y un cronograma actualizado de ejecución.
Que el alcalde y/o responsables comparecieran ante la Comisión Especial, creada precisamente para evitar opacidad y desorden.
Y como punto de máxima presión institucional, Brenda Ríos propuso exhortar a la Auditoría Superior del Estado para que practique una revisión específica (Informe Especial) y designe o contrate un perito/supervisor técnico independiente en costos de infraestructura, a fin de emitir un dictamen de “costo razonable” sustentado en proyecto ejecutivo, volumetrías y precios unitarios (concreto, acero de refuerzo, mano de obra, maquinaria, indirectos y tiempos).
La pregunta que dejó en el aire fue un dardo con lógica simple: si todo está en orden, ¿por qué votar contra una revisión técnica independiente?
Frases clave:
“Los congresos no fueron creados únicamente para hacer leyes… su función principal es muy clara: controlar al poder para que nadie se crea por encima de la ley.”
“Cada peso extra lo va a pagar una familia.”
“Que el dinero de las y los chihuahuenses no se maneje como si fuera la tarjeta personal del alcalde.”
“Venimos a exigir que ningún peso adicional se cargue a las y los contribuyentes sin sustento técnico pleno.”
Así votó el Pleno: 11 a favor, 14 en contra, 2 abstenciones, 5 no votó, 1 inasistencia
A favor (11):
Jael Argüelles Díaz; Óscar Daniel Avitia Arellanes; Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo; Herminia Gómez Carrasco; Elizabeth Guzmán Argueta; Leticia Ortega Maynez; Edith Palma Ontiveros; María Antonieta Pérez Reyes; Magdalena Rentería Pérez; Brenda Francisca Ríos Prieto; Pedro Torres Estrada.
En contra (14):
Octavio Javier Borunda Quevedo; Roberto Marcelino Carreón Huitrón; José Alfredo Chávez Madrid; Edna Xóchitl Contreras Herrera; Roberto Arturo Medina Aguirre; Saúl Mireles Corral; Ismael Pérez Pavía; Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez; Carla Yamileth Rivas Martínez; Jorge Carlos Soto Prieto; Jaime Torres Amaya; Joceline Vega Vargas; José Luis Villalobos García; Arturo Zubía Fernández.
Abstenciones (2):
América Victoria Aguilar Gil; Alma Yesenia Portillo Lerma.
No votó (5):
Rosana Díaz Reyes; Irlanda Dominique Márquez Nolasco; Carlos Alfredo Olson San Vicente; Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías; Francisco Adrián Sánchez Villegas.
Inasistencia (1):
Nancy Janeth Frías Frías.
Las preguntas que hoy quedan sobre la mesa
Si el sobrecosto es técnicamente justificable, ¿por qué negar el camino institucional más básico: informar, comparecer y dejar que una autoridad autónoma audite?
Si el crédito se aprobó para resolver movilidad, ¿por qué cerrar la puerta a que el Congreso —que autorizó la deuda— reciba el expediente completo?
Y la pregunta que resume el dilema moral: ¿transparencia sí… o transparencia sólo cuando conviene?
