La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para adicionar a a Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua una medida que asegure el buen manejo de los recursos públicos de los municipios y mayor efectividad en la revisión que realiza la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado.
La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que la actual ley de de Fiscalización del Estado de Chihuahua establece que con independencia de si los municipios entregan y omiten la entrega de la cuenta pública en el plazo establecido, la Auditoría Superior iniciará el proceso de Fiscalización de la gestión financiera.
Sin embargo, la diputada destacó la importancia de que tal omisión sea observada, investigada y sancionada, ya que es una evidencia clara de que el ente público no lleva un control adecuado de la ejecución del presupuesto ni de la recaudación de los ingresos.
Indicó que son los ayuntamientos los entes que generalmente no entregan la cuenta pública y, como consecuencia, posteriormente tienen un elevado número de observaciones respecto a la carencia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público.
En este sentido, expuso que para el ejercicio de auditoría de los municipios 2021, los ayuntamientos de Ahumada, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Praxedis G. Guerrero y Rosales no presentaron cuenta pública 2021; y en el caso de Rosales, el titular de la Tesorería manifestó que no contaba con la información en los equipos de cómputo ni en los archivos físicos resguardados.
Dentro de las observaciones a estos municipios existen faltas administrativas y denuncias que se determinaron en el ejercicio fiscal 2020, y se advierte que podría haber una relación entre la negligencia de no presentar la información y el número de observaciones.
La legisladora Ortega Máynez señaló que los procedimientos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior son una de las principales herramientas para combatir la corrupción que vulnera la legitimidad institucional y la confianza pública.
“No puede tolerarse la negligencia en el primer paso de todo el proceso de fiscalización que se realiza durante un año, es decir, la entrega de la cuenta pública, puesto que finalmente es la información de la cual derivarán las observaciones”, concluyó.
