Un juez de Chihuahua citó este martes a audiencia de control judicial a Maclovio M. Ch., exfuncionario del gobierno de Javier Corral, y a Carlos Emmanuel A., identificado como uno de sus operadores y señalado con el alias de «El Meño», en el marco de una investigación por extorsión vinculada a los llamados Expedientes X.
La diligencia fue convocada para las 13:30 horas en las Salas de Justicia de Control ubicadas en la calle Melchor Ocampo número 119, en la colonia Barrio de San Pedro.
La audiencia se deriva de una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que mediante el recurso de revisión 2055/2024 otorgó el amparo a un quejoso cuyos datos se reservan por razones de debido proceso y por las amenazas que ha recibido.
En cumplimiento de esa resolución federal, el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos emitió un acuerdo que revoca la resolución del 14 de abril de 2023, en la que se había determinado el no ejercicio de la acción penal dentro del cuadernillo penal 2475/2021.
La resolución ordena al Ministerio Público retomar las indagatorias y el desahogo de pruebas, entre ellas declaraciones de familiares de la víctima y evidencia tecnológica consistente en capturas de pantalla de WhatsApp que, según el expediente, acreditarían la asociación delictuosa entre los dos imputados. El tribunal precisó que el Ministerio Público no se limita a esas diligencias, sino que mantiene sus facultades para recabar cualquier dato de prueba pertinente y solicitar la vinculación a proceso.
La información fue difundida por el abogado Irving Anchondo Valdéz, defensor de Jesús Esparza, exauditor de Chihuahua y una de las partes involucradas en el caso, identificado como juicio de amparo 1053/2023-III-1.
El juez Miguel Alejandro Balderrama Aguilar advirtió que la inasistencia injustificada de los defensores derivará en multas y, en caso de tratarse de la defensa particular, se declarará el abandono de la misma y se designarán defensores públicos para garantizar el debido proceso. Los delitos investigados contemplan una pena de entre 15 y 40 años de prisión.
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