La comparecencia del tesorero municipal José Molina Barrón ante los regidores y la síndica Dalila Villalobos no fue pública, pero su contenido trascendió. Y lo que se supo basta para confirmar lo que el informe de Sindicatura ya había dejado claro: Parral está en quiebra técnica, y el desorden financiero no es un señalamiento político, sino un hecho admitido por el propio responsable de las finanzas municipales.
El tesorero reconoció el desorden contable y los montos millonarios observados por la Sindicatura: un déficit operativo superior a los 35 millones de pesos, más de 6 millones en cheques en tránsito —es decir, gasto comprometido sin respaldo real en bancos— y 65 millones de pesos utilizados en servicios personales que no se reflejan en mejoras operativas ni funcionales. En otras palabras: nómina inflada, pagos rezagados, obras sin ejecutar y proveedores esperando a que el municipio tenga efectivo para cobrar.
Pero lo más revelador de la reunión no fue la admisión del desastre financiero, sino la confesión de que el caos tiene firma colectiva. Molina recordó a los regidores que ellos mismos habían firmado un documento tipo poder que autorizaba a la entonces tesorera, Malú Urbina, a disponer de los recursos de distintas cuentas y hacer transferencias entre ellas a discreción, sin requerir nuevas aprobaciones del Cabildo. Esa facultad —heredada al actual tesorero— explica por qué los movimientos presupuestales se han realizado con absoluta libertad, y también por qué hoy nadie parece tener claro de dónde sale y a dónde va el dinero de Parral.
Es decir: José Molina Barrón no mintió, pero tampoco se disculpó; simplemente señaló que el desorden venía autorizado por los mismos que ahora piden cuentas. Y eso coloca al Ayuntamiento entero en el centro del problema, no sólo a la Tesorería, incluyendo a César Gutiérrez, a Larissa Martínez y a Alejandra Chávez, que se desgarran las vestiduras exigiendo cuentas claras mientras ellos colaboraron a empañarlas.
Mientras tanto, el alcalde Salvador Calderón sigue exhibiendo una preocupante falta de liderazgo. Primero votó en contra de que el tesorero compareciera —una decisión que lo dejó políticamente expuesto—, luego, sin ser tomado en cuenta, su directora de Comunicación Social lo expiso aún más al emitir un boletín falso asegurando que Dalila Villalobos había felicitado al gobierno por su manejo financiero.
Hoy, el daño está hecho: el gobierno municipal perdió credibilidad -¿cuál?- control y rumbo, si es que alguna vez los tuvo, y la situación es más grave de lo que la narrativa oficial intenta disfrazar. De acuerdo con el informe de Sindicatura, el municipio opera con menos de 750 mil pesos en bancos y financia su gasto diario con papel: cheques en tránsito que no tienen respaldo. Es un esquema que sólo puede sostenerse mientras nadie los cobre porque, cuando eso ocurra, el Municipio enfrentará un colapso financiero real, con consecuencias directas para los servicios públicos y el pago de sueldos.
No hay otra forma de decirlo: Parral gasta lo que no tiene, promete lo que no puede cumplir y justifica lo que ya es injustificable. Y el problema no es sólo contable, sino político. Chava Calderón ha mostrado ser mentiroso, descoordinado, opaco y con tendencia a la negación, cosas que no se resuelven con boletines optimistas ni con el silencio del alcalde.
La síndica fue clara: “Lo que era un pequeño hoyo en las finanzas, hoy es un socavón difícil de reparar.” Lo que no dijo —pero se entiende entre líneas— es que ese socavón no lo abrió un solo funcionario, sino un sistema de complicidades y omisiones que ha convertido al Ayuntamiento de Parral en una oficina sin brújula y sin timón, aunque ella tampoco se salva.
Cuando el tesorero confiesa que el dinero se mueve “a discreción” y el presidente municipal calla, lo que se confirma no es sólo el desorden: es la renuncia del gobierno municipal a gobernar.
