En medio de la creciente ola de robos, agresiones y daños que azotan a Parral, el sistema de justicia parece haberse convertido en un laberinto de dilaciones y decepciones. La Fiscalía General del Estado, a través de la de Distrito Zona Sur, encargada de investigar y llevar a cabo las pesquisas necesarias para garantizar la seguridad de la población, está atrapada en un ciclo frustrante de inacción y falta de transparencia, dejando a las víctimas en una posición de desesperación y desconfianza.
En el centro de esta trama desalentadora se encuentra el «Fiscal Carnal», César Jauregui, quien parece haber perdido de vista la importancia de ofrecer y, en lugar de liderar con firmeza y exigir respuestas ante los crecientes problemas de violencia en la región, su silencio y pasividad solo refuerzan la idea de que las necesidades de la comunidad no son una prioridad. Al menos no para él
Las investigaciones de la Fiscalía, en lugar de avanzar con diligencia y determinación, se ven atrapadas en un lento proceso de «extender» y «dilatar» y es particularmente desalentador que las víctimas de robos, agresiones y daños, se encuentren en una posición en la que se ven obligadas a aceptar conciliaciones apresuradas o insatisfactorias, simplemente para poner fin a una investigación que debería garantizar su seguridad y bienestar, pero que, por tardada, termina agotando al denunciante. La Ley del Cansancio aplicada en su máxima expresión, sobre todo cuando los demandados son personajes con poder e influencias.
La ausencia de voluntad para abordar estos problemas de manera efectiva y transparente, deriva en nulidad de resultados, salvo los narcomenudistas que portan un gramo de enervante o droga, lo que únicamente contribuye a la sensación de que la justicia en Parral es un concepto elusivo e inalcanzable. Los ciudadanos merecen una respuesta genuina y una acción contundente por parte de la Fiscalía, no meras excusas y obstáculos.
Es ya indispensable que el Fiscal Carnal, César Jauregui, y las autoridades pertinentes, reconozcan la urgencia de la situación y tomen medidas concretas para garantizar que la justicia no se quede en letra muerta.
