Redacción de El Papelerito
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) enfrenta una crisis financiera al inicio de 2026, luego de que no le fueran ministrados recursos federales desde el arranque del año, situación que obligó a la Secretaría de Hacienda del Estado a cubrir cerca de 90 millones de pesos para garantizar el pago de las primeras tres quincenas del personal académico y administrativo.
Trabajadores denunciaron que la primera quincena de febrero se pagó después del mediodía, pese a que el contrato colectivo establece que los salarios deben quedar depositados antes de las 11:00 horas del último día hábil del periodo. La Universidad explicó que la falta de recursos federales al 54 % del presupuesto —sin una “programación definida” para las transferencias— dejó el flujo de efectivo detenido.
El rector Luis Rivera Campos ha advertido que este tipo de retrasos y la escasa asignación presupuestal dejan a la UACH con menor “poder adquisitivo” frente a la inflación y las obligaciones financieras, incluso en un contexto donde otras instituciones como la UNAM y el IPN han acordado incrementos salariales con la Federación.
Autoridades federales y legisladores atribuyen el atraso no tanto a recortes presupuestales, sino a trámites administrativos pendientes que han frenado la entrega de las participaciones. Según la diputada federal Rocío González, este problema no es exclusivo de la UACH: planteles del Tecnológico Nacional de México reportaron pagos fuera de tiempo e incluso demoras en apoyos extraordinarios.
Este contexto se da en medio de un panorama más amplio de presiones económicas para universidades públicas en México, donde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha señalado que el crecimiento presupuestal no compensa el impacto de la inflación y las obligaciones laborales y académicas, afectando la operación y la calidad educativa.
Futuro incierto
Mientras se espera que la Federación regularice las ministraciones y se esclarezcan las causas administrativas que han frenado las transferencias, la presión sobre el pago oportuno de nóminas, la operación institucional y los compromisos laborales continúa, con posibles repercusiones en estudiantes, docentes y personal administrativo.
