Redacción de ‘El Papelerito’
La defensa de César Duarte Jáquez aseguró que la aprehensión del exgobernador, realizada el lunes por agentes de la Guardia Nacional y seguida de su ingreso al penal del Altiplano, se llevó a cabo bajo información incompleta o errónea proporcionada a la fiscal general Ernestina Godoy.
Así lo afirmó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien dio a conocer detalles del proceso que enfrenta su representado, explicando que el expediente federal que se utiliza para sustentar la actuación de la autoridad es voluminoso —decenas de tomos y cientos de anexos—, pero sostuvo que el contenido no justificaría que Duarte fuera detenido por cargos adicionales a aquellos por los que fue extraditado desde Estados Unidos.
Recordó que los tratados internacionales limitan el uso de la extradición exclusivamente a los delitos autorizados por el país que entrega al acusado.
Mendoza afirmó que, contrario a lo señalado por la fiscalía, no existe una base legal que permita ampliar la persecución penal sin que antes se cumplan los criterios internacionales. Aseguró también que Duarte no fue notificado previamente ni había indicios de que se pretendiera una acción de este tipo.
De acuerdo con la versión del litigante, la autoridad federal argumenta haber obtenido luz verde del gobierno estadounidense desde diciembre pasado para procesar al exmandatario por nuevas imputaciones. Sin embargo, Mendoza considera que ese permiso no corresponde con lo que establece la figura conocida como “regla de especialidad”, la cual —dijo— no contempla ampliar cargos dentro del mismo país receptor, sino regular eventuales envíos a un tercer Estado.
El abogado insistió en que los hechos por los que hoy se le pretende imputar ya forman parte de un proceso previo en Chihuahua, correspondiente a una carpeta en la que —señaló— coinciden personas, montos y operaciones financieras.
Incluso mencionó que uno de los señalamientos ya fue evaluado en un procedimiento administrativo en el que Duarte obtuvo resolución favorable. Afirmó que esta situación equivale a someter a su cliente a múltiples juicios por los mismos hechos.
Respecto al origen de los recursos que la Fiscalía General de la República considera ilícitos, Mendoza negó que existan operaciones por mil millones de pesos, como se ha insinuado, y sostuvo que las imputaciones se refieren a los mismos 96 millones ya revisados por autoridades estatales y por instancias de Estados Unidos durante el proceso de extradición.
El defensor también vinculó la actuación de la fiscalía con figuras políticas que —a su juicio— han mantenido una confrontación abierta con Duarte desde años atrás. Entre ellos mencionó a funcionarios federales y al senador Javier Corral, a quien acusó de utilizar su posición actual para influir en el caso.
Recordó además un episodio ocurrido en la Ciudad de México en el que, según su versión, autoridades capitalinas habrían intervenido en favor del legislador cuando enfrentaba una orden de aprehensión.
