La síndica municipal, Alma Portillo, entabló demandas a varios medios de comunicación de Parral y periodistas que laboran en ellos, así como a sus concesionarios o propietarios, según sea el caso.
La funcionaria alega violencia política en razón de género en su contra, presuntamente ejercida por los demandados durante el desarrollo de su labor periodística, ya sea por intentar entrevistarla o por verter crítica que no le favoreció.
Los denunciados son, al menos, tres reporteros y/o conductores de noticias de la ciudad, identificados como Armando Molina Barrón y Roberto Gallardo Gallardo, de la estación de radio ‘La Poderosa’, así como su concesionaria, Norma Aurora Salayandía Paez; Rigoberto Ramos Hernández, del periódico digital ‘Expresión Libre Parral’, del que, inicialmente, también estuvo demandado su propietario, Jesús Quiñónez Jasso, aunque después, al parecer, la denunciante desistió tomar acciones legales contra él, pero sí contra el reportero, o probablemente no se encontraron elementos en contra el dueño de la página digital.
De igual forma, Christian Galván Chávez, conductor del programa «Demande Usted», transmitido por Radiorama en dos de sus frecuencias, aparece en la demanda promovida por Alma Portillo.
La síndica exige que se impongan medidas cautelares contra los comunicadores, consistentes en restringir el acceso hacia ella, no acercársele o siquiera hacer mención de ella en cualquier espacio al aire, impreso, digital o por cualquier otra forma de comunicación, al considerar que menoscabaron sus derechos político-electorales y transgredieron su condición de mujer por distintas noticias o comentarios vertidos en espacios radiofónicos o notas en las que aparece su nombre.
Trascendió que ya se celebró al menos a audiencia en la que ella, a través de su defensa, declaró que se han metido con su familia e hijos, pero no han trascendido acciones, determinaciones o decisiones de los juzgadores a favor o en contra de ambas partes, ya que no existe aún una resolución al respecto.
La funcionaria ha sido cuestionada reiteradamente para que emita posicionamientos oficiales en su calidad de síndica Municipal respecto a diversos temas polémicos en los que se ha vista envuelta la administración, como los supuestos abusos de poder cometidos presuntamente por oficiales de policía; la situación que guarda la inversión con recursos públicos en las Jornadas Villistas; el presunto desvío de recursos a favor de un particular que tenía asignados a agentes de Seguridad Pública como escoltas privados, la mala calidad de las obras del Periférico Sur ‘Luis Donaldo Colosio’, entre otros.
A los reporteros demandados se les prohíbe acercarse al domicilio y al de familiares y amistades de la funcionaria, ni al lugar d trabajo, a pesar de ostentar un cargo público y estar ubicada su oficina, la Sindicatura, al interior de Presidencia Municipal.
De igual forma, se les prohíbe a los trabajadores de los medios, comunicarse con «la víctima» ni siquiera por interpósita persona.
Con lo anterior, existe el riesgo de amordazar a los medios de comunicación y coartar la libertad de expresión, ya que la representación legal de la síndica pide además que «no la molesten» con comentarios u opiniones en cualquier espacio comunicativo, ya sea al aire, impreso, digital o cualquier otro.
Se desconocen, de momento, el avance de las demandas.
