El exgobernador de Chihuahua, César Horacio D.J., interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en contra de la Juez de Control, Delia Valentina Meléndez Olivas, por los delitos de denegación o retardo de justicia, así como de prevaricación.
La querella está firmada por Duarte y está dirigida al fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, según difundió la defensa legal del exmandatario, conformada por Irving Anchondo Valdez, Juan Carlos Mendoza Luján, Enrique Eduardo Muñoz, Jaime Terán Ruiz y Héctor Villasana Ramírez.
Los delitos de los que acusa a la juez, se encuentran contemplados en los artículos 285 fracción I y 287 fracción III del Código Penal del Estado, que consiste en que: «dicte o contribuya al dictado de una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso».
Lo anterior, por la supuesta sinrazón de la que el exgobernador está siendo sujeto de un proceso carente de sustento en la realidad y en la norma legal, y la negativa de celebrar la audiencia correspondiente.
«El día de ayer ante una solicitud que esta defensa presentó en la misma audiencia que fue suspendida y además, presentada por escrito el día de antier a solicitud de la misma juez, solicitud cuya resolución nos fue notificada vía correo electrónico, la cual consistió en que la Juez en mención, negó ilógica y arbitrariamente en dicho acuerdo», explica.
Refiere que de fecha veinticinco de abril del presente, la solicitud reiterada de la celebración de una audiencia para que le fuera planteada conforme a derecho el sobreseimiento de la causa y/o la modificación de la medida cautelar, se ha buscado dilatar dolosamente el proceso penal al cual fue arbitrariamente vinculado.
«El retardo de la justicia no necesita mayor explicación para la sociedad, pues claramente se advierte que tanto la autoridad juridicial como el ministerio público, sólo desean que el tiempo siga corriendo sin enfrentar argumentativamente y con las debidas pruebas que nuestro defendido es culpable de un delito, lo cual no es nada nuevo; lo que sí manifiesta públicamente de manera escandalosa en esta ocasión, es el dolo con el que la juez, atendiendo a intereses incomprensibles, emite una resolución sin fundamento legal aplicable con plena claridad de que su resolución es altísimamente probable contraria a la ley en perjuicio de una persona», abundaron los abogados.
