El dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordoñez, denuncia públicamente las graves irregularidades que se están cometiendo en la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien, adelantado a los tiempos, ha comenzado a distribuir cargos, alcaldías y recursos, utilizando los bienes públicos de manera ilegal con fines personales.
«En los últimos meses ha quedado evidenciado que Pérez Cuéllar y su equipo han incurrido en prácticas de donaciones ilegales que contravienen la legislación vigente, particularmente la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua», manifestó Ordoñez.
Las donaciones, promovidas públicamente en medios de comunicación y página oficial del municipio, van desde hectareas de terrenos, ambulancias, recolectores de basura, mobiliario escolar, entre otras cosas que, a decir de Ordóñez, no se ajustan a los procedimientos establecidos en la ley, puesto que dichas donaciones no cumplen con los requisitos legales ni con las justificaciones necesarias para ser consideradas válidas.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Bienes del Estado, las donaciones solo pueden efectuarse cuando los bienes se encuentren en estado no funcional para la administración, «lo cual no es el caso en la mayoría de los bienes donados», especificó Ordoñez.
Además, el artículo 53 de la misma ley establece que cualquier remate o donación debe seguir un procedimiento formal y oneroso, es decir, mediante remate público, para asegurar la transparencia y legalidad del proceso; estas acciones ilegales evidencian un claro intento de compra de votos y voluntades, socavando la confianza pública y los principios de justicia.
El daño al patrimonio de la Heroica Ciudad de Juárez es considerable, sumando un perjuicio de más de 15 millones de pesos. Esta cantidad representa una afectación directa a los recursos públicos, y tanto el alcalde como los funcionarios involucrados deben rendir cuentas por este desfalco a los juarenses.
En este contexto, el tricolor insta a las autoridades correspondientes, incluidas las fiscalías anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación, a investigar a fondo estas irregularidades y aplicar sanciones a todos los responsables.
Los juarenses merecen un gobierno que administre sus recursos con transparencia, legalidad y responsabilidad, no uno que utilice los recursos públicos con fines personales y políticos, concluyó el priista.
