El desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez , escaló y llegó a instancias legales. El jueves, la también senadora de Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el titular del Ejecutivo Federal por presuntamente haber incurrido en una violación al secreto bancario, que implica una violación al Código fiscal y a derechos como la protección de datos personales.
En una gira que realizó por Sonora, Gálvez explicó luego de que el presidente López Obrador exhibió datos de contratos de su empresa High Tech Services, teme por la seguridad de sus hijos.
“No tengo miedo a un atentado. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero. Esa es la preocupación que tengo: es que la gente crea que somos mega-millonarios porque el presidente lo ha dicho”, dijo Xóchitl Gálvez durante una conferencia de prensa.
La denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador surge luego de que el mandatario federal hiciera públicos presuntos contratos que ha obtenido la empresa de Gálvez y por las que él considera puede haber tráfico de influencias y corrupción.
“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, dice el mensaje en redes sociales, mediante el cual el presidente compartió un documento con los contratos obtenidos por la empresa de Gálvez Ruiz.
El documento contiene información sobre el domicilio fiscal, la actividad económica de la empresa, los socios y representantes legales, las relaciones comerciales entre 2015 y 2023, las dependencias y los montos con los que se obtuvieron contratos.
En respuesta a esa difusión de información, Gálvez anunció que denunciaría al presidente de la República.
“Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable”, escribió la senadora en sus redes sociales.
Y así procedió. Este jueves 27 sus representantes legales acudieron ante la FGR para formalizar la denuncia. En el apartado de hechos se describe que el presidente ha intentado agraviar su reputación.
“Desde que hice pública mi intención de participar en el proceso electoral (aunque, en realidad desde semanas antes), el presidente de la República, ha usado los espacios públicos a su disposición para agraviar mi reputación”, se lee en el punto número tres de la denuncia.
La legisladora expone que desde el 14 de julio, el presidente anunció en su mañanera que “tenía información” de los contratos que habían obtenido las empresas de Gálvez y que esa información se la haría llegar al empresario Claudio X. González.
Este viernes en su conferencia de prensa, el presidente acusó que los abogados de Gónzalez han asesorado a la senadora.
“Resulta que esta información yo se la envié a Claudio x. González, que estos tienen una organización supuestamente para investigar casos de corrupción. Le mandé la información y, en vez de investigar, ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande, los abogados de Claudio X. González”, dijo el mandatario federal.
¿En qué delito habría incurrido el presidente?
La senadora acusa al presidente Andrés Maneul López Obrador de incurrir en violaciones al Código fiscal, en particular al en lo que se refiere al secreto bancario.
De acuerdo con la denuncia, la difusión masiva de datos que el presidente difundió vulneró disposiciones del Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
También se señaló al presidente de violar el derecho de Xóchitl Gálvez a la protección de datos personales.
“Absolutamente nadie, ni los altos mandos del Gobierno, tiene derecho de revelar datos confidenciales”.
El secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito . La senadora argumenta que se violentó ese secreto que establece que ninguna institución bancaria puede dar “noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio”.
Esa información sí puede ser entregada a una autoridad, pero para ello se requiere que una autoridad judicial lo requiere.
“Como excepción, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar esta información, cuando lo solicite la autoridad judicial siempre que exista un juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. En estos casos, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, dice un documento de la CNBV .
