Redacción de ‘El Papelerito’
Este viernes fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en contra de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, y del juez de Ejecución de Penas Juan Carlos Erives Fuentes, por su probable participación en hechos que podrían constituir corrupción y tráfico de influencias, tras la concesión del beneficio de semilibertad a Édgar Herman Escárcega, hermano de la magistrada y sentenciado por secuestro.
La denuncia fue interpuesta por los abogados Marcelo Valenzuela y Óscar Castrejón, quienes señalaron que el juez Erives Fuentes otorgó el cambio de régimen penitenciario apenas 28 días después de que Nancy Josefina Escárcega rindiera protesta como magistrada, en septiembre pasado. De no haberse modificado su situación jurídica, el sentenciado habría permanecido privado de la libertad hasta el año 2057.
Los denunciantes sostienen que, pese a la naturaleza delicada del caso y al evidente conflicto de interés, el Tribunal de Disciplina Judicial no inició investigación alguna, no revisó la actuación del juez ni emitió pronunciamiento institucional, lo que calificaron como omisiones graves y sistemáticas.
“Resulta jurídicamente inadmisible que una magistrada forme parte de un órgano que podría investigar o sancionar una resolución que beneficia directamente a su propio hermano”, señalaron los promoventes, quienes acusaron al Tribunal de incurrir en encubrimiento por omisión, motivo por el cual recurrieron a la Fiscalía Anticorrupción.
Antecedente del caso
Édgar Herman Escárcega Valenzuela ingresó al sistema penitenciario estatal en noviembre de 2005, tras ser sentenciado por secuestro agravado en dos causas penales distintas.
En la primera, recibió una condena de 27 años de prisión, la cual concluyó en enero de 2020 tras obtener el beneficio de remisión parcial de la pena. Sin embargo, aún debía cumplir una segunda sentencia de 37 años de prisión, dictada por otro caso de secuestro, cuyo término original estaba fijado para 2057.
Durante los últimos años, diversas resoluciones judiciales modificaron progresivamente su situación jurídica. En marzo de 2025, se le concedió una nueva remisión parcial de la pena que establecía como fecha probable de liberación el 30 de marzo de 2050.
No obstante, en septiembre de este año, el juez Juan Carlos Erives Fuentes dejó sin efecto la resolución previa y, tras admitir nuevos estudios de viabilidad presentados por la defensa, otorgó el régimen de semilibertad, permitiendo que el sentenciado permanezca fuera del penal de domingo a viernes, debiendo internarse únicamente los fines de semana, esquema que se mantendrá hasta 2050.
Investigación en curso
La Fiscalía Anticorrupción deberá ahora determinar si la actuación del juez y la eventual omisión del Tribunal de Disciplina Judicial configuran conductas constitutivas de delito o faltas administrativas graves, particularmente por un posible conflicto de interés y uso indebido de influencias.
Hasta el momento, ni la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela ni el juez Juan Carlos Erives Fuentes han emitido posicionamiento público sobre la denuncia.
El caso ha generado atención dentro del ámbito jurídico y político del estado, al involucrar a integrantes del propio sistema encargado de vigilar y sancionar la conducta de jueces y magistrados.
