Declaraciones de víctimas de secuestro agravado y líneas de investigación del Ministerio Público estatal apuntan a que, en Juárez, el crimen organizado dedicado al tráfico de personas y secuestro de migrantes está coludido con el Ejército y la Guardia Nacional.
Un hombre originario de Toluca, de iniciales B. A. B. G., relató ante la representación social que una vez que intentaron cruzar a Estados Unidos sin éxito, un grupo de migrantes regresó a tierra mexicana por la frontera de Juárez.
“Dos camiones de 20 soldados llegaron, nos preguntaron que de dónde veníamos, vimos que uno de ellos hizo una llamada y nos entregaron a La Línea”, dijo el hombre, refiriéndose al grupo delictivo que opera en Ciudad Juárez. “Nos llevaban cubiertos con una manta al Valle de Juárez”, se leyó el viernes durante la continuación de audiencia inicial de Juana Cecilia D. C. R., la quinta persona vinculada a proceso bajo la causa penal 3517/2024.
Otra víctima, originaria de Honduras de iniciales L. J. B. C. contó que un día cerca de las 2:00 de la tarde llegaron militares a la “bodega” donde los tenían, para “rescatarlos”, según les dijeron. Sin embargo, en lugar de entregarlos al Instituto Nacional de Migración (INM) los llevaron a otro punto, desconocido para las víctimas.
“Era una casa abandonada a la orilla del río, por el Puente Roto”, precisó. En el lugar, un supuesto jefe castrense que se identificó como “El Cazador” –por ser el que encuentra las casas de seguridad de los grupos delincuenciales–, llamó a quien pensaron se trataba de un líder criminal. La llamada estaba en altavoz, por lo que escucharon el diálogo.
Por separado, también investigadores de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, aseguraron que en varias de las carpetas de investigación iniciadas destacan las omisiones cometidas por las autoridades federales, principalmente, ya que están a cargo de la vigilancia de las carreteras Panamericana, a Casas Grandes y Juárez-porvenir.
“¿Cómo llegan los tráileres con personas si hay un Punto de Revisión Carretero?, ¿Cómo zonas como Anapra, que tienen tres accesos de entrada bajo custodia de la Guardia Nacional (GN), tiene el mayor número de bodegas y casas de seguridad?”, cuestionaron los investigadores.
“Son muchas las autoridades involucradas en el tráfico de migrantes. En las últimas carpetas ya estamos documentando los nexos de militares y elementos de la GN”, aseveraron.
Ni la SEDENA ni la Guardia Nacional emitieron posicionamientos oficiales al respecto.
LOS CASOS
En mayo y junio los elementos de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro Zona Norte, de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, obtuvieron una decena de vinculaciones a proceso contra presuntos secuestradores que operaron en diferentes puntos de la ciudad.
Del 2023 a junio del 2024 han identificado a 11 distintas bandas dedicadas al tráfico, secuestro y extorsiones de personas en situación de movilidad, principalmente, en todo el estado.
Entre los últimos casos presentados ante un juez de Garantía se encuentra la vinculación a proceso de Javier Jahir G.M., Alexis Eduardo F.A., Alan Alfredo G.M. y Alejandro D.P.M ., quienes presuntamente junto con otras personas secuestraron a 30 migrantes, aunque uno fue asesinado entre abril y mayo del presente año. La continuación de la audiencia inicial fue el pasado 6 de junio.
De esta investigación se detención de juana ceciliad. c. R., en cumplimiento de una orden de aprehensión por hechos investigados desde el 30 de mayo en seguimiento a una denuncia anónima, sobre actos sospechosos en la colonia Rincones de Salvárcar.
Luego de la imputación y vinculación de los anteriores cuatro varones, se logró la ubicación de D. C. R ., identificada por algunas de las víctimas como la responsable de transportarlos, llevarles comida, pero también como quien amenazaba, golpeaba con tablas y grababa las agresiones para enviarlas a los familiares de las víctimas, a quienes se les pedía hasta 300 mil pesos por víctima.
Al menos dos de los testimonios de las víctimas recabados señalan a elementos del Ejército Mexicano de retenerlos, entregarlos a los secuestradores e incluso de negociar con ellos.
Otra víctima, originaria de Honduras de iniciales L. J. B. C ., contó que un día cerca de las 2:00 de la tarde llegaron militares a la “bodega” donde los tenían, para “rescatarlos”, según les dijeron. Sin embargo, en lugar de entregarlos al Instituto Nacional de Migración los llevaron a otro punto, desconocido para las víctimas.
En el lugar, escucharon el diálogo de un supuesto jefe castrense con un líder criminal. “¿Nos arreglamos a tiros o con billetes?”, le reclamó presuntamente el delincuente en la línea telefónica.
“Si tienes huevos, te espero en el Puente Roto, o dame los 25 mil dólares por semana y los dejamos trabajar y que los crucen por el puente”, aseguraron los migrantes victimados que escucharon durante la conversación.
La defensora particular de Juana Cecilia D. C. R., argumentó que es increíble que las víctimas no hubiesen denunciado al grupo de secuestradores ante los soldados o miembros de la Guardia Nacional con que interactuaron.
No obstante, el juez de Control Carlos Jaime Rodríguez García desestimó el argumento lógico-jurídico dadas las declaraciones de estas dos víctimas, pues era notable el presunto contubernio entre las autoridades y el grupo delictivo, lo que generó desconfianza y temor al pensar en solicitar auxilio.
CARRETERAS INSEGURAS
Extranjeros en situación de movilidad que lle gana Juárez abordo de tráileres son secuestrados a la altura del kilómetro 20 por integrantes de la delincuencia organizada que los movilizan a casas de seguridad, trascendió el pasado viernes en la audiencia pública celebrada contra tres acusados por el delito de secuestro agravado.
Es el caso de la víctima identificada por sus iniciales C.L.A.G., de nacionalidad guatemalteca, por quien su familiar –ya radicado en Estados Unidos– depositó 4 mil 400 dólares a cambio de su libertad y aun así permaneció en cautiverio.
La víctima narró que viajó a esta frontera en un tráiler y un grupo armado lo bajó a él y a otras personas del vehículo pesado para luego ser trasladados a una casa de seguridad.
Un perito especializado determinó que A.G., enfrenta un severo trauma psicológico a causa de la privación de la libertad y los golpes recibidos durante su cautiverio.
El agraviado identificó a Brayan Alejandro R. R., Daniel R. H., y Héctor Arturo S. B., como sus probables agresores, los cuales, expuso, se drogaban en la casa de seguridad donde permaneció junto a otros 14 extranjeros que fueron rescatados por agentes antisecuestros.
Las investigaciones de los investigadores de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, aseguraron que, en varias de las carpetas de investigación iniciadas, destacan las omisiones de las autoridades federales, principalmente.
Anteriormente otro camión fue videograbado cuando “descargaba” migrantes en un fraccionamiento Sierra Vista, también cerca de un cuartel de la GN, mientras que otro tráiler con más de 130 migrantes fue localizado en Samalayuca.
“Son muchas las autoridades involucradas en el tráfico de migrantes”, aseveraron los agentes del Ministerio Público que también han llevado ante un juez de Control a un policía municipal implicado en estas actividades ilícitas.
El archivo periodístico refiere que elementos de la GN estuvieron involucrados en un ataque armado contra extranjeros el 9 de octubre de 2023. En ese caso fueron los “polleros” los que pusieron a salvo a sus “clientes”; policías estatales asistieron a los lesionados que ingresaron al Hospital General.
De ese hecho violento la Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo de la investigación sin obtener resultados positivos, ya que el oficial desertor continúa prófugo.
El 11 de agosto del 2023 siete agentes de la Guardia Nacional apostados en el aeropuerto internacional Abraham González fueron privados de la libertad de la vivienda que arrendaban en la colonia Oasis Revolución y fueron torturados, aunque oficialmente se informó que eran tres los elementos los cuales según las investigaciones estaban relacionados con el tráfico de personas y fueron agredidos por integrantes de la delincuencia organizada.
El pasado 21 de febrero el oficial de la GN David Alejandro González González, de 22 años y su amigo Brandon Alexis García Jiménez, de 28 años y desertor de esta corporación, desaparecieron en la zona de Anapra, cerca de uno de los cuarteles que fue construido en el 2020.
Información de El Diario de Chihuahua