Las regidoras del H. Ayuntamiento de Parral, Dalila Villalobos, del PRI; Alejandra Pérez Molina y María del Refugio Ochoa, del PAN; así como Alejandra Chávez Ortiz, de Morena, interpusieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra el Municipio como responsable directo del incumplimiento de la ley por parte del concesionario del Relleno Sanitario.
Las ediles aclararon que el recurso legal lo promueven en su carácter de ciudadanas y no bajo el cargo público que ostentan, argumentando que se fundamentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental por diversas consideraciones fácticas y jurídicas que demuestran la presunción de responsabilidad sobre la violación de normas en la prestación de servicios para el manejo de los residuos sólidos.
Explicaron que la demanda es en contra de Presidencia Municipal de Parral por ser quien, desde 2019, otorgó la concesión, tras un procedimiento de licitación pública, al consorcio integrado por el Corporativo Ambiental DKDA S.A. de C.V. y KEF Exponential S.A.P.I de C.V., y en base al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el Municipio quien tiene el poder para manejar de forma autónoma sus residuos sólidos urbanos, lo que implica que las autoridades municipales tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los mismos.
El 29 marzo del 2023, la regidora Dalila Villalobos, una de las denunciantes, durante la Sesión Ordinaria No. 46 de Cabildo, solicitó la información necesaria para conocer si el concesionario daba cumplimiento a las obligaciones establecidas en el título de concesión otorgada a su favor, así como a los requerimientos establecidos para participar en el procedimiento licitatorio, solicitud que, a la fecha, continúa siendo ignorada.
Cabe destacar que el pasado 11 de mayo, al interior del Relleno Sanitario Municipal ocurrió un incendio de gran magnitud que requirió de varios días y del considerable esfuerzo del cuerpo de bomberos para poder ser extinguido, pero no solo eso, sino que el siniestro encuentra su origen debido a la violación, por parte del concesionario, a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, misma que contiene las especificaciones de protección ambiental para la operación y monitoreo de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
La legislación vigente es muy clara en caso de que el Municipio incumpla con la norma referida, señalando que será sancionado según lo establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las Leyes y Reglamentos Estatales, por lo que, tomando en cuenta la gravedad de esta infracción, deberán cumplir con la multa y el plazo para su regularización.
Por lo anterior, resulta evidente el reiterado incumplimiento, por parte del concesionario, de su obligación de evitar la contaminación del suelo provocada por la basura, alcanzando la responsabilidad al Municipio de Parral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tanto de la contaminación como del incendio, como consecuencia del daño a la salud causado a la población.
Cabe destacar que, el Relleno Sanitario, como una obra de infraestructura, debe satisfacer los requisitos legales para evitar la contaminación del suelo, agua y aire que provoca la basura, sin embargo, al ceder la concesión a una empresa particular que no satisface los requerimientos técnicos aplicables, el Municipio se convierte, más que en corresponsable, en responsable principal de la violación a la ley.
El concesionario ha sido omiso en preparar el suelo para prevenir infiltración de líquidos lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos, tomando en cuenta los ingresos de más de 10 toneladas al día, lo que deriva en una pésima disposición de la basura, toda vez que una gran cantidad de ésta se encuentra a cielo abierto y en ningún momento se implementan acciones tendientes a evitar cualquier riesgo de incendio y posibles explosiones en el Relleno Sanitario.
Las regidoras acompañan la denuncia popular con pruebas que incluyen y presuntamente acreditan todas las violaciones descritas, como copias de actas de cabildo, de la convocatoria de la licitación, fotografías e incluso enlaces electrónicos a noticias publicadas en medios de comunicación locales y estatales, confiando en que la PROFEPA actúe en consecuencia contra quien o quienes resulten responsables y emita una recomendación condenatoria.
