Un operativo policiaco en Ciudad Juárez derivó en la detención de 15 personas por realizar pintas y consumir bebidas alcohólicas en vía pública, pero el caso escaló rápidamente a un debate político sobre libertad de expresión, tras la posterior liberación de los involucrados por instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Municipal acudieron a la colonia Juárez Nuevo, sobre la avenida de las Torres, donde detectaron a 11 hombres y 4 mujeres realizando grafiti sin autorización. Entre las pintas destacaba un mural con la imagen del alcalde con rasgos caricaturizados.
Durante la intervención, según la autoridad, los involucrados habrían mostrado una actitud agresiva, además de ingerir bebidas alcohólicas y obstaculizar la labor policial, lo que derivó en su detención y traslado ante el juez cívico.
Sin embargo, tras conocer los hechos, el alcalde ordenó su liberación, argumentando el respeto al derecho de libre expresión, decisión que no frenó la controversia.
Desde el Partido Acción Nacional en Juárez, se denunció que la detención fue ilegal y que se trató de un acto de represión contra un artista urbano identificado como Mick Martínez, quien habría plasmado un mural de carácter crítico. El partido acusó que el joven fue esposado, trasladado a separos y que su obra fue borrada, calificando el hecho como una violación a derechos humanos y un atentado contra la libertad de expresión.
A la polémica se sumó el senador Juan Carlos Loera, quien, aunque reconoció la posterior liberación, calificó la actuación policial como “sumamente preocupante” y advirtió sobre posibles excesos en el uso de la fuerza pública. Señaló que, si bien la ciudad enfrenta un problema por la proliferación de pintas, la reacción de la autoridad no debe vulnerar derechos fundamentales.
El legislador también cuestionó los argumentos utilizados para justificar la detención, al advertir que podrían utilizarse elementos como el consumo de alcohol para desvirtuar expresiones de inconformidad ciudadana.
El caso ha abierto un debate en torno a los límites entre el orden urbano, la regulación de espacios públicos y el ejercicio de la libertad de expresión, en una ciudad donde el grafiti político vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública.
