Redacción de ‘El Papelerito’
Este domingo por la mañana se retomó el proceso judicial federal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien permanece recluido bajo prisión preventiva mientras se define si será formalmente procesado por el delito de lavado de dinero.
La audiencia se desarrolla en los juzgados federales ubicados dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde la jueza María Jazmín Ambriz López analiza los argumentos presentados tanto por la Fiscalía General de la República como por la defensa del exmandatario para determinar su situación jurídica.
De acuerdo con la acusación federal, Duarte es señalado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por una cantidad superior a 73 millones de pesos, dinero que, según la FGR, habría sido ocultado mediante un entramado financiero relacionado con recursos públicos del estado de Chihuahua.
Durante la sesión previa, la Fiscalía solicitó que el imputado continuara privado de la libertad al considerar que existe un alto riesgo de evasión, sustentado —según expuso— en una estructura de apoyos económicos y políticos construida durante su gestión como gobernador.
La jueza coincidió en que dicha red podría facilitar una eventual fuga, por lo que determinó mantener la medida cautelar mientras avanza el proceso.
Por su parte, el equipo legal de Duarte, integrado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, rechazó la solidez de la imputación y sostuvo que el caso tiene un trasfondo político, además de insistir en que no existen elementos nuevos que justifiquen una acusación distinta.
En paralelo, la Fiscalía ha señalado que el procedimiento fue posible luego de que el Gobierno de Estados Unidos autorizara, el pasado 4 de diciembre, ampliar los cargos contra el exgobernador, más allá de los delitos de peculado y asociación delictuosa por los que fue extraditado.
La defensa, sin embargo, argumenta que los recursos señalados corresponden a los mismos montos que ya forman parte de una investigación abierta en Chihuahua y que incluso fueron materia de un procedimiento administrativo del cual Duarte fue absuelto.
Será la jueza federal quien, tras escuchar ambas posturas, determine si el caso avanza a la etapa de proceso penal o si la acusación queda sin efecto, en una resolución que marcará el rumbo del expediente contra el exmandatario.
