Redacción de ‘El Papelerito’
Lo verdaderamente grave no es que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral existan casos de acoso, corrupción o abuso de poder, sino que esos comportamientos se hayan convertido en parte del paisaje cotidiano de la corporación.
Desde hace meses circulaban versiones sobre el segundo comandante, Marcos Antonio Villarreal, acusado por varias oficiales de hostigamiento, insinuaciones y ofrecimientos de dinero “por quincena” a cambio de favores personales. Lo que debería haber sido un caso ejemplar de cero tolerancia terminó, como casi todo en esta administración, en una maniobra para “enfriar el tema” y esperar a que el escándalo se olvidara.
Una de las afectadas, según fuentes internas, sí denunció el acoso ante el entonces director Alejandro González Arzaga, quien, al ser parte de las filas de la Fiscalía General del Estado, entendía perfectamente la gravedad del asunto. Arzaga habló directamente con Villarreal y le advirtió que, de no renunciar, el caso se iría a Fiscalía “y se haría el pedo en grande”. Pero en lugar de proceder conforme a la ley, optó por la salida más cómoda: enviarlo de vacaciones forzadas. Lo inaudito es que, tras la salida de Arzaga y la llegada de Martín Chaparro Wong como nuevo titular, el mando denunciado regresó a su puesto como si nada hubiera pasado.
El mensaje es claro: en Seguridad Pública no importa la conducta, sino la cercanía con el poder. Mientras los agentes rasos trabajan con salarios bajos y sin garantías, los mandos protegidos por padrinos políticos gozan de inmunidad.
¿Y el alcalde Salvador “Chava” Calderón? ¡Bien, gracias! Enterado de las acusaciones, decidió mirar hacia otro lado, lo mismo que hace con las irregularidades financieras, las cuotas no reportadas y la manipulación de jueces calificadores. Lo que debía ser una corporación al servicio de la ciudadanía se ha convertido en un club cerrado donde los favores pesan más que la ley, y resulta ofensivo que, mientras el gobierno municipal presume una supuesta “mejora en la percepción de seguridad”, las cifras de FICOSEC muestran todo lo contrario: robos, desapariciones y suicidios en aumento.
La realidad no se maquilla con boletines. Los parralenses no necesitan percepciones, necesitan seguridad real, protocolos de actuación, prevención y mandos que respeten a sus subordinadas. Lo que existe, en cambio, es un sistema donde los acosadores regresan a su cargo y los ciudadanos siguen pagando el precio de la inacción.
La administración de Calderón Aguirre ha demostrado que su prioridad no es depurar ni profesionalizar la corporación, sino mantener el control político de los mandos. Si alguien tenía dudas de que el nombramiento de Martín Chaparro era más un movimiento de poder que una estrategia de seguridad, el caso Villarreal lo confirma. Porque el problema no es quién porta el uniforme o quién ocupa la oficina principal del cuartel, sino quién realmente manda y a quién obedece.
En Parral, la corrupción y el acoso no se combaten: se reciclan.
