Las heridas políticas de los sexenios pasados siguen abiertas. El exgobernador César Duarte, cada vez más presente en el espacio público, no solo busca limpiar su nombre, sino ajustar cuentas con quien fuera su principal verdugo: Javier Corral.
En su reciente aparición de este miércoles 18 de junio en rueda de prensa, encabezada por el mismo Duarte, lanzó un dardo directo: exigió a la FGR agilizar las investigaciones por tortura contra Corral, a quien acusa de haber recibido impunidad vía el fuero y de haber conducido una cruzada judicial que, asegura, se sustentó en métodos ilegales.
No le funcionó -dijo- el mecanismo, es decir, torturar a los exduartistas implicados en los «Expedientes X» y ahora está tan desesperados que ya no le quedó más que el presón del Saucito, señaló César en alusión a la reciente demolición de las presas de su rancho asegurado, y dando por cierto el audio que circuló por WhatsApp de la supuesta proposición que Javier Corral hizo a Adán Augusto López Hernández para engañar a Claudia Sheinbaum e irse contra Duarte.
Lo que parecía una defensa mediática frente al señalamiento por acaparamiento de agua, se transformó en un ajuste de cuentas político. Duarte no habla solo para sí mismo, sino en nombre de los exfuncionarios duartistas que denunciaron abusos durante la campaña anticorrupción del sexenio anterior. La narrativa es clara: fueron víctimas de un proceso vengativo, mediático y, sobre todo, violatorio de sus derechos.
Aquí es donde la figura de Claudia Sheinbaum se vuelve relevante. En días recientes, la ahora presidenta fue cuestionada por el caso del Saucito y la continuidad de la llamada «justicia selectiva» en los estados. La presidenta (con A), fue cautelosa, pero no omisa: dijo que toda denuncia de violaciones a derechos humanos debe investigarse “con seriedad y sin distingo de colores”. Ese mensaje, interpretado con lupa, podría abrir la puerta a revisar algunos de los expedientes judiciales más controversiales heredados de la guerra Corral-Duarte.
No es menor lo que está en juego. Si se confirmaran casos de tortura o coerción en declaraciones —como alegan varios exfuncionarios— no solo se tambalearía la legitimidad del andamiaje judicial contra Duarte, sino que también salpicaría al gobierno de Corral, quien construyó su narrativa política en torno a la ética, la transparencia y la anticorrupción. Pero resultaría muy, muy difícil de creer que escarbarian en esas denuncias que existen en la FGR contra Javier, porque ahora está bajo el manto protector, no delnfuero, sino de Morena.
La pregunta es si Sheinbaum está dispuesta a pagar el costo político de intervenir, directa o indirectamente, en un conflicto donde hay implicaciones partidistas y juicios mediáticos de por medio, aunque, en la lógica cuatroteísta, suena descabellado que busque poner orden donde los excesos de Javier Corral hayan cruzado límites legales.
Duarte, por su parte, parece haber entendido que su defensa no solo está en los tribunales, sino en el terreno de la opinión pública. Y en ese campo, César es más hábil que Corral. No por nada ventiló que la gente ha hecho la comparación entre quien no supo ni siquiera poner una piedra sobre otra, y «quienes le aportamos al estado”, además de poner en una balanza que, mientras con él se toman fotos y lo abrazan, «al otro», dijo en tono despectivo, lo insultan y golpean.
Las palabras del que todavía muchos llaman «el gober», buscan posicionarse en un ambiente estatal donde ven con escepticismo los logros del panismo anticorrupción, así que habrá que ver si este nuevo episodio de confrontación abre paso a una revisión judicial de fondo o si se convierte, como otros tantos, en un capítulo más del interminable ajuste de cuentas entre exgobernadores que, en el fondo, todavía disputan el relato de quién fue el verdadero villano. O peor: quién fue el menos corrupto.
Mientras tanto, el «presón del Saucito» ya no es solo una presa derrumbada, sino un símbolo de la ruina de una narrativa política que hoy comienza a desmoronarse.
