Redacción de ‘El Papelerito’
El reciente relevo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal no tomó por sorpresa a nadie, excepto al propio alcalde Salvador “Chava” Calderón, quien pasó semanas negando la salida del anterior titular mientras aseguraba, con una seguridad digna de mejor causa, que esa era una de las áreas “más estables” de su administración. La realidad lo alcanzó. Y lo desmintió. Con la llegada de Martín Chaparro como director interino, quedó claro que lo único estable en Seguridad Pública era el desorden.
Porque la corrupción no llegó con Chaparro, pero su arribo tampoco implica que vaya a terminar. Lo que viene es, más bien, un reacomodo. En Parral no se limpia la casa; se cambian las manos que reparten la escoba. El mensaje que flota en el aire es simple: quienes se hicieron de ingresos extra al interior de la corporación tendrán que recordar quién es el dueño de la tiendita, porque al alcalde no le reportaban ni un quinto. El problema no ha sido la descomposición, sino quién la administra.
La mayor incógnita es si Martín se atreverá a tocar al recomendado de Rafa Loera, el influyente secretario estatal de Desarrollo Humano y Bien Común. El señalado presume padrinos de alto nivel, no en la Presidencia Municipal, sino en el propio Gobierno del Estado. Con ese respaldo se siente inamovible. Y en Seguridad Pública hay muchos que han aprendido a leer las señales del poder: a ese personaje nadie le exige cuentas, aunque su nombre se repita cada vez que se pregunta por fugas, favores o privilegios.
Tampoco está claro si se desmantelará la mafia de cuotas en los jueces calificadores. Quien (des)administra esa área, y que se autopresenta como operador de la gobernadora, tiene el hábito de no reportar lo que se cobra en su totalidad a caja. En la estructura policial, todos saben quién está haciendo negocio y quién protege esas prácticas. Y nadie se acercaba al despacho del alcalde para decirlo, porque ni caso tenía: la cadena de lealtades es más fuerte que cualquier intento de auditoría interna.
A este cuadro se suma lo que ya se había comentado en este mismo espacio: el segundo comandante, de apellido Villarreal, fue enviado a “vacaciones” forzadas tras múltiples quejas de agentes mujeres que denunciaron hostigamiento. No solo las acosaba, sino que llegó a ofrecerles un “apoyo” por quincena para obtener favores. Mientras eso ocurría bajo el techo de la corporación, la ciudad continuaba atrapada en una creciente ola de robos, desapariciones, accidentes y violencia cotidiana. Porque cuando la energía de los mandos se gasta en presionar a subordinadas o recaudar cuotas, ¿quién se dedica a prevenir delitos?
Lo más grave es que la ausencia de estrategia no es un descuido; es consecuencia directa del tipo de nombramientos que impulsa el alcalde. Salvador Calderón ha privilegiado pagar favores personales y sostener complicidades antes que construir mandos con preparación, carrera policial o capacidad de mando. Lo que ocurre en Seguridad Pública no es un accidente. Es el resultado de un gabinete armado al gusto de amistades, compromisos y subordinación política. Y mientras él juega a la negación, la ciudad paga las consecuencias.
Por ahora, Martín Chaparro llega a una corporación partida, desconfiada y acostumbrada a operar al margen de la autoridad formal. Puede ordenar, mover piezas, imponer disciplina o intentar cerrar fugas. La pregunta real es si podrá hacerlo cuando quienes verdaderamente tienen poder en esa estructura no despachan ni en su oficina ni en la de Chava Calderón. En Parral, a veces el uniforme importa menos que las bendiciones que lo sostienen.
