Redacción de ‘El Papelerito’
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua advirtió que analiza la posibilidad de solicitar el desafuero del exgobernador Javier Corral Jurado, actual senador por Morena, con el objetivo de ejecutar la orden de aprehensión vigente en su contra por su presunta participación en el delito de peculado agravado por 98.6 millones de pesos.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, destacó que la investigación en torno a la reestructura de la deuda estatal en el sexenio de Corral está debidamente sustentada y respaldada por una resolución firme de un juez federal.
“Está demostrado que esta reestructura se hizo al ‘chilazo’”, aseveró, y detalló que las indagatorias han alcanzado a tres personas clave: el exgobernador Javier Corral, quien habría ordenado el procedimiento; el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, que lo ejecutó; y un abogado privado, identificado como uno de los beneficiarios de la operación. Los tres cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
El fiscal recordó también el intento frustrado de aprehensión ocurrido el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impidieron la detención de Corral en un restaurante de la colonia Roma. En ese entonces, Ulises Lara —encargado del despacho de la FGJ— se negó a colaborar con la fiscalía chihuahuense, argumentando una supuesta falta de acreditación, lo que fue calificado como obstrucción de la justicia.
Pese a ese episodio, Valenzuela aclaró que la orden de aprehensión sigue vigente y que será ejecutable incluso después de que Corral concluya su período como legislador federal, momento en que perderá el fuero constitucional.
“No se descarta en absoluto la posibilidad de presentar una solicitud de desafuero. Estamos valorando jurídicamente el momento adecuado y la solidez de los elementos que lo sustenten”, expresó.
El funcionario subrayó que el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción es llevar este y otros casos hasta sus últimas consecuencias, bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la defensa del interés público.
“Ninguna persona, por más cargo que tenga o haya tenido, está por encima de la ley”, concluyó.
