El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para interponer dos denuncias penales por presuntos actos de encubrimiento y obstrucción del servicio público, relacionados con irregularidades que habrían provocado un daño estimado en 171 millones de pesos.
Las querellas se presentaron contra quien resulte responsable y derivan de la revisión de expedientes heredados de la administración estatal encabezada por Javier Corral Jurado. De acuerdo con el fiscal, durante el análisis de las carpetas vinculadas con los llamados Expedientes X se detectaron decisiones que habrían permitido exonerar o “perdonar” responsabilidades a personas que posteriormente fueron incorporadas como testigos protegidos.
Valenzuela Holguín explicó que, tras un proceso de revisión jurídica y diálogo con instancias jurisdiccionales, se determinó reclasificar diversos casos al identificar posibles omisiones que habrían favorecido a implicados en irregularidades por montos millonarios. Según expuso, en ese contexto se detectó la cancelación de responsabilidades relacionadas con recursos públicos que en conjunto superarían los 171 millones de pesos.
El fiscal también señaló que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua presentó seis denuncias que ya se encontraban prescritas, mientras que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua habría turnado otras 17 cuando su plazo legal estaba próximo a vencerse.
A juicio del funcionario, resulta especialmente grave que asuntos vinculados con presuntos desvíos de recursos públicos no hayan derivado en sanciones administrativas o penales. Incluso indicó que una de las carpetas menciona a quien fungió como secretario de Hacienda durante la administración anterior, quien posteriormente habría sido incorporado como testigo protegido dentro de las investigaciones.
Asimismo, sostuvo que la Fiscalía Especializada en el combate a delitos cometidos por servidores públicos habría permitido la prescripción de 23 carpetas de investigación que contenían denuncias por posibles faltas y delitos. Para el fiscal anticorrupción, dichas omisiones habrían dejado sin posibilidad de sanción casos que involucraban recursos públicos por más de 171 millones de pesos.
Ante este escenario, Valenzuela planteó la necesidad de esclarecer si en esos procesos existió una aplicación selectiva de la justicia, al tiempo que solicitó que se investigue a fondo la actuación de quienes intervinieron en dichas carpetas.
