Redacción de ‘El Papelerito’
La investigación por la desaparición de Ángel Eduardo Molina y Óscar González Reyes dio un giro este martes con el despliegue de un operativo especial de la Fiscalía General del Estado (FGE), que incluyó el cateo y resguardo de dos viviendas en busca de otros dos agentes municipales presuntamente implicados en el caso ocurrido hace casi un año en la colonia Héroes de la Revolución.
Bajo fuerte presencia policial, elementos de un grupo especializado de la FGE sitiaron domicilios ubicados en Héroes de la Revolución y Palmilla, donde serían localizables dos policías identificados con los apodos de “El Chicharrín” y “Rigo”, señalados por su posible participación —por acción u omisión— en la privación ilegal de la libertad de los jóvenes.
De acuerdo con familiares, uno de los agentes buscados, “El Chicharrín”, no solo habría sido testigo del doble levantón, sino que días después acudió a amenazarlos para que dejaran de exigir justicia. Según la denuncia, el policía advirtió que “ya no le movieran al asunto” o “todos iban a valer”, lo que fue documentado por la familia desde hace meses sin que se actuara de inmediato.
Pese a las denuncias reiteradas y al señalamiento directo de presunta complicidad o encubrimiento, los agentes municipales involucrados continuaron en funciones dentro de la corporación hasta este martes, cuando finalmente ingresó a Parral el operativo especial de la Fiscalía.
El caso se remonta a la madrugada del 24 de enero, cuando Ángel Eduardo Molina (17 años) y Óscar González (21 años) fueron interceptados violentamente por civiles armados. Testimonios y registros periodísticos señalan que patrullas municipales arribaron al sitio, dialogaron con los agresores y se retiraron sin intervenir, lo que permitió que los jóvenes fueran llevados por la fuerza. Desde entonces, no se conoce su paradero.
Este martes, la Fiscalía confirmó la detención de Luciano Chávez, agente municipal señalado directamente por los hechos, como parte de una causa penal por desaparición forzada. Paralelamente, las diligencias continúan para ubicar a “El Chicharrín” y “Rigo”, mientras se amplían las líneas de investigación por amenazas a las víctimas indirectas, omisión del deber y posible colusión.
Familiares de las víctimas reiteraron que existe material de videovigilancia en la zona —incluida infraestructura enlazada a Plataforma Centinela— cuyo contenido no ha sido revelado, y exigieron que se haga público para esclarecer quiénes participaron y qué policías estuvieron involucrados.
El operativo de este martes marca, para las familias, el primer avance sustancial tras meses de exigencias ignoradas. La investigación continúa.
