Urge aplicar una reingeniería a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) en el sentido en el que se deben barrer las escaleras: de arriba hacia abajo, empezando por el fiscal carnal, César Jáuregui, quien nunca se sintió cómodo en ese cargo desde que fue designado por la gobernador Maru Campos, ante la salida de otro que no pudo: Roberto Fierro.
El más reciente botón de muestra fue uno de esos rojos con los que activan el lanzamiento de misiles nucleares, con el caso de las unidades clonadas de la Guardia Nacional (GN) que, a plena luz del día y con total tranquilidad e impunidad, se organizaron y realizaron un operativo que resultaría envidiable para las corporaciones policiacas, por la limpieza con la que se efectuó, cuando llegaron y levantaron al ‘010’ del carril de carreras de caballos en Maturana.
Cuando se dio a conocer la falsa noticia de la detención del líder criminal, al primero que le preguntaron fue a Juan Carlos Portillo, fiscal de la Zona Sur, quien no dudó en responder a sus superiores en Chihuahua que, efectivamente, los de la GN habían ejecutado la aprehensión de José Domingo C. B., así sin corroborar el dato, lo que evidencia la falta de comunicación y coordinación entre quienes, se supone, forman parte de la Mesa de Construcción de la Paz y que tanto presumen trabajar en conjunto, por lo que, sino previo a un operativo así, sí deberían haber avisado después y una vez logrado el objetivo.
Y es que, no son infundadas las sospechas de filtraciones de autoridades locales y estatales en el crimen organizado, por lo cual se entendería que los elementos federales no dieran aviso cuando van por un objetivo prioritario, pero repetimos, sí confirmarían que fueron ellos ya cuando tuvieran asegurado al delincuente, lo que no ocurrió porque todos esos boletines adornados de operativos conjuntos son puro blof y a los únicos que logran capturar son a narcomenudistas de poca monta que los agarran con gramos de marihuana, cocaína, cristal o un par de pastillas de metanfetaminas.
Más escándalos resulta que ahora buscan al ‘010’ en calidad de víctima de privación ilegal de la libertad y no como jefe de plaza del Cártel de Juárez y peor aún que, como siempre pasa, todo mundo sabía dónde estaba, menos los que deberían saberlo, es decir, las autoridades. Sino ¿cómo explican que disfrutaba su domingo viendo carreras de caballos? Si no es por los medios de comunicación y por el descaro de los civiles armados que, calzando tenis, adecuaron unas pick ups como unidades oficiales de la Guardia Nacional.
La clonación de patrullas no es nueva en Parral. Basta recordar las que andaban en Matamoros no hace mucho tiempo con rótulos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (SPM) y lo sencillo que resulta, entonces, hacer pasar cualquier Chevrolet Silverado polarizada como si fuera de la FGE o la ilegalidad en la que se mueve Omar Payán, el jefe de la policía local, en una de esas camionetas a la que solo le colocan estrobos azules y rojos, una antena y listo, escoltado, por si fuera poco, por un automóvil negro en las mismas condiciones irregulares. ¡Es tan grave como los clones!
Es hora de que César Jáuregui no muestra avances sobre la golpiza que polipreventivos le dieron a un civil, por órdenes de otro civil. Los nombres, ampliamente conocidos, deberían ser lo de menos porque, en teoría, ninguno tiene autoridad ni debería gozar de beneficios que los ciudadanos comunes y corrientes no, es decir, ni el que tiene el privilegio de andar escoltado por patrullas que sí son oficiales, ni el que, por ser hijo de un empresario que conoce a la gobernadora, tendría acceso a una justicia más pronta ni expedita.
El fiscal carnal todavía ayer alegaba demencia sobre los vehículos clonados de la GN y en sus declaraciones, daba trato de víctima de secuestro al (presunto) delincuente que fue «levantado» y del que dudan que, a estas alturas, se encuentre con vida. Jáuregui pide a gritos que lo remuevan de ese puesto en el que Maru Campos necesitaba a alguien de suma confianza que le sacara la buey de la barranca, no que metiera a otro.
La FGE está rebasada, pero se ve relajada. No es solo Parral, es Guachochi, Coronado, López, Jiménez, Madera, Nuevo Casas Grandes y gran parte del territorio estatal en lo que la impunidad es el pan nuestro de cada día, y la indolencia y la ineptitud, disfrazadas de boletines de “construcción de la paz”, son la estrategia para combatir la inseguridad. ¿Hasta cuando?
