Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario, prevención y reinserción social de Chihuahua y General de División Diplomado del Estado Mayor en retiro, es socio de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su relación con el Cártel de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, la compañía de seguridad privada constituida en 2010 es controlada por el empresario Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente lidera una red de lavado de dinero para el Cártel Sinaloa
De acuerdo con una revisión al Registro Público de Comercio, el subsecretario es socio de la empresa desde febrero de 2022, luego de que Jesús Alfredo Orozco Beltrán, uno de los socios fundadores, transfirió, mediante cesión onerosa, su parte social de la compañía al subsecretario y a Liliana Orozco Romero, quien también fue sancionada por la OFAC tras ser identificada como parte de la red de lavado del Cártel.
Desde entonces, Fernández Acosta asumió el cargo de presidente del Consejo de Gerentes, contando con la facultad para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Los documentos consultados en el Registro Público de Comercio muestran variaciones respecto a su porcentaje de participación en la empresa, sin embargo en el último documento disponible, fechado en agosto de 2022, se le registra con un 19% del capital social.
Al respecto de su relación con la empresa sancionada, el funcionario de Chihuahua emitió respuestas difusas y contradictorias, pues alegó no acordarse de los detalles dado el tiempo que había pasado desde que se vinculó con la compañía.
“A mí me la pasaron (Grupo Mamba Negra) como si fuera una empresa de seguridad. pero me estafaron”, aseguró al principio de la entrevista con este diario sin detallar exactamente cómo es que se había operado la presunta estafa.
De acuerdo con Fernández, hace unos años, en Chihuahua, le presentaron a un hombre llamado Alfredo Orozco (no precisó el nombre completo) y le dijeron que «podía trabajar» con él porque conocía a personas con una empresa de seguridad constituida. Orozco lo habría vinculado a la compañía sancionada, de la cual admitió haber aceptado fungir como representante legal.
“El que a mí me vendió (Alfredo Orozco), bueno, el que supuestamente se asociaba conmigo, es un cuate (que) yo creo que salió por malas mañas de aquí en Chihuahua. He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta. Yo me imagino que está en Estados Unidos”, explicó el subsecretario.
Fernández dijo que buscó “darse de baja” de la empresa ante un notario, pero que no pudo hacerlo debido a que se requería la presencia de todos los socios.
No obstante, a pregunta expresa, el funcionario aseguró desconocer que actualmente figura como socio de la empresa ante el Registro Público de Comercio. El subsecretario también señaló desconocer los vínculos de la empresa con el Cártel de Sinaloa; asimismo, dijo no conocer a Liliana Orozco Romero, presunta prestanombres de Alfredo Orozco Romero, según las autoridades estadounidenses.
No registra empresas en su declaración patrimonial
Además de Grupo Especial Mamba Negra, Fernández Acosta ha sido socio en al menos cuatro empresas más, de acuerdo con una consulta al Registro Público de Comercio: Seguridad Privada Quac, Iksa Servicios De Seguridad Privada y Limpieza, Renta De Vehiculos Fervillan Sociedad Anónima De Capital Variable, y Huevos y Aves Acosta.
Ricardo Fernández no reportó ninguna de estas empresas en sus últimas declaraciones patrimoniales desde 2021 disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo sí reportó ingresos por una empresa que registró como “PRODUCTORA AGRÍCOLA”.
El negocio, manifestado en su declaración de 2025, le dejó ingresos por 29 millones 700 mil pesos de acuerdo con el documento; en ese mismo año, el subsecretario reportó un ingreso anual neto de 372 millones 96 mil 446 pesos, de los cuales 190 millones 356 mil 446 pesos los reportó como percepción anual por su cargo público.
El funcionario evadió la pregunta sobre por qué no aparecen reportadas sus empresas en sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, aseguró que los ingresos reportados por más de 190 millones de pesos por su cargo en su declaración patrimonial de 2025 se debieron a “un error de la secretaria” y que la cantidad correcta es de aproximadamente un millón 900 mil pesos
Información de El Universal
