Redacción de El Papelerito
El empresario transportista y excandidato del PAN a la diputación local por el Distrito 9, Emanuel Abysaed C. M., enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que presuntamente accionara un arma de fuego contra dos personas a quienes habría confundido con asaltantes de una unidad de su línea de transporte.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero, cuando —según los antecedentes expuestos— un camión de transporte de personal fue reportado como robado tras un supuesto amago al conductor. Aunque la unidad fue localizada abandonada poco después sobre el libramiento, el concesionario habría recabado información sobre los presuntos responsables y salió en su búsqueda.
Minutos más tarde se registró un ataque armado contra una camioneta Chevrolet S10 Max, color gris, con placas del estado de Veracruz. De acuerdo con la denuncia de los ocupantes, el conductor de una Ford King Ranch Super Duty, color gris, con matrículas de Chihuahua —vehículo vinculado al ahora imputado— les cerró el paso y efectuó disparos. La unidad presentó al menos dos impactos de bala en la puerta trasera izquierda.
Elementos de la Policía Municipal detuvieron al empresario cerca de la glorieta del kilómetro 20 de la carretera Panamericana. Durante la intervención, accedió a una revisión preventiva en la que se le aseguró una pistola calibre .380 abastecida con once cartuchos útiles. El hombre mostró una credencial que lo identifica como escolta con supuesto porte de arma vigente hasta junio de 2026, documento cuya autenticidad fue verificada en Plataforma Juárez, según informó el vocero de la corporación municipal, Adrián Sánchez Contreras.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló posteriormente que el acusado no cuenta con autorización de porte de arma registrada ante las empresas de seguridad privada reguladas en la entidad.
La audiencia inicial, correspondiente a la causa penal 583/2026, se celebró el 14 de febrero. Pese a la gravedad del señalamiento, el juez determinó no imponer prisión preventiva y le concedió la libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente en Ciudad Judicial, el pago de una garantía económica, la prohibición de salir de la ciudad y la restricción de acercarse a las víctimas.
La audiencia para resolver su vinculación o no a proceso por tentativa de homicidio y daños fue programada para el 17 de febrero, a la que deberá comparecer de manera presencial.
