Redacción de El Papelerito
La disputa legal por la competencia del proceso penal contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio un nuevo giro luego de que un juzgado federal determinara que ya no existe materia para mantener la suspensión definitiva que frenaba el caso.
La resolución fue emitida por la jueza Décimo de Distrito, Madhay Soto Morales, quien estableció que la medida cautelar promovida por la Secretaría de Hacienda estatal quedó sin efecto, debido a que un Tribunal Colegiado ya resolvió que el asunto corresponde al ámbito federal.
Con esta determinación, se ratifica que el procedimiento judicial deberá continuar bajo la conducción de un Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, en funciones de control, quien será la autoridad responsable de dar seguimiento a la causa penal abierta contra el exmandatario.
El fallo deriva del análisis del conflicto de competencia surgido entre instancias estatales y federales, relacionado con la causa penal 3050/2024, de la cual se desprendió el expediente competencial 20/2025. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito concluyó que el proceso debe permanecer en la jurisdicción federal, validando la intervención del tribunal federal que actualmente conoce el caso.
Pese a ello, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, aseguró que la investigación estatal continuará abierta mientras no se resuelvan todos los recursos legales interpuestos por las autoridades locales.
El funcionario sostuvo que la Fiscalía mantiene la postura de que los presuntos hechos investigados involucran el manejo de recursos públicos estatales, particularmente un presunto desvío cercano a los 98.6 millones de pesos, situación que —dijo— se encuentra documentada dentro de la carpeta de investigación.
Valenzuela también señaló que el imputado cuenta actualmente con inmunidad constitucional, lo que impediría, incluso a nivel federal, ejercer acción penal directa mientras se mantenga dicha protección legal.
Asimismo, informó que se presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Federal contra una resolución judicial que, según acusó, habría vulnerado disposiciones constitucionales relacionadas con la distribución de competencias entre la Federación y el Estado, así como normas del sistema nacional de fiscalización.
El fiscal concluyó que la dependencia estatal continuará defendiendo el caso en instancias legales, al considerar que existen elementos suficientes derivados de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, la cual derivó previamente en órdenes de aprehensión, aseguramiento de bienes inmuebles y bloqueo de cuentas bancarias, además de alertas migratorias vinculadas a los imputados.
