En las primeras horas de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 261 votos a favor y 216 en contra, una amplia reforma electoral que integró las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, más cambios pactados con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM).
Ambas integraron un «Plan B» y «Plan C» de enmiendas a seis leyes, que fueron remitidas al Senado para su discusión.
Los cambios de último minuto flexibilizaron las reglas para la conservación del registro a los partidos políticos, les permitirá hacer “guardaditos” con los recursos que reciben del erario, y posibilitará a los legisladores buscar la reelección sin pedir licencia al cargo ni dejar de recibir dieta, subvenciones y apoyos.
La reforma plantea de manera importante la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implica la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral, la remoción anticipada del titular de la Secretaria Ejecutiva y que solo haya 260 juntas distritales y se crezca a 300 para las elecciones presidenciales.
Todo el paquete de reformas fueron posibles en tiempo récord. Cerca de la 1:20 horas la totalidad de los miembros de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC abandonaron el salón de plenos en protesta por la discusión «fast track», sin pasar por dictaminación de comisiones y sin que se conocieran con anticipación las propuestas que se sometieron a votación.
Los cambios
Los criterios que el Partido del Trabajo (PT) alegó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2015, cuando estuvo a punto de perder el registro, fueron incorporados ahora como reformas a la ley para flexibilizar.
Las negociaciones de Morena y aliados lograron modificar la propuesta presidencial, conocido como Plan B, pues originalmente propuso que los diputados y senadores que buscaran la reelección debían solicitar licencia “hasta un día antes del inicio de las campañas”, pero esa obligación quedó eliminada.
Pasadas las 3:00 horas se presentó un cambio más: el PT propuso que el registro de ingresos y gastos en tiempo real y para la fiscalización del INE no se realice máximo 3 días como es actualmente, sino “desde el momento que ocurren y hasta 20 días después”.
Ambos planes, B y C consistieron en reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues se propuso abrogar la que está vigente.
Además incluye cambios propuestos en una iniciativa de Morena para modificar la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la sesión vespertina, las iniciativas fueron turnadas originalmente a comisiones dictaminadoras, sin embargo a petición de Morena, que hizo suyas las propuestas, logró dar trámite de urgente y obvia resolución.
En la discusión en lo particular se propusieron reservas a 39 artículos y fracciones, algunos para corregir la propuesta presidencial, por ejemplo Morena metió reversa a su plan para eliminar a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF).
Los transitorios de las reformas aprobadas y que deberá de ratificar el Senado, en su caso, establecen que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá reorganizar sus estructuras y concretar los ajustes presupuestales en agosto de 2023.
El mismo régimen transitorio excluye a las elecciones de 2023 en el estado de México y Coahuila de la organización con base en las nuevas reglas.
