Redacción de ‘El Papelerito’
Tras el fallo de un juez en El Paso, Texas, que desestimó la demanda civil contra el exgobernador César Duarte por presunta adquisición ilegal de 50 propiedades en Estados Unidos, Javier Corral Jurado respondió con una dura declaración en la que acusó directamente al gobierno de María Eugenia Campos Galván de proteger al exmandatario priista y permitirle recuperar su patrimonio, pese al presunto saqueo cometido durante su gestión.
“Las mentiras, las calumnias y las intimidaciones que Duarte despotricó en una vergonzosa rueda de prensa reflejan el grado de degradación política que se vive en Chihuahua”, expresó el exgobernador panista.
Corral explicó que la demanda en Texas no era un juicio penal ni implicaba un proceso de absolución judicial, sino una acción civil para recuperar activos que —según la investigación estatal— Duarte adquirió con recursos públicos desviados por un monto de al menos 97 millones de pesos.
“No se trataba de lavado de dinero ni de una investigación del FBI. Era una demanda civil para intentar recuperar parte de lo que Duarte robó. Que el juez la haya desestimado no lo absuelve, lo que pasó fue que el Gobierno del Estado nunca entregó las pruebas necesarias, pese a que fueron solicitadas por el despacho de abogados durante cuatro años.”
En este sentido, Corral responsabilizó directamente a la administración de Maru Campos, así como a los funcionarios César Jáuregui Moreno y Santiago de la Peña, de haber saboteado la estrategia jurídica iniciada durante su gobierno. Afirmó que Duarte no probó su inocencia, sino que se benefició del abandono deliberado de la causa por parte de sus presuntos cómplices.
“Le ataron las manos al despacho. Duarte no ganó por inocente, sino por la protección vergonzosa y cínica que hoy le brinda el Gobierno del Estado.”
También desmintió que haya presentado la denuncia a título personal:
“La demanda fue hecha por el pueblo de Chihuahua, a través de sus instituciones. No costó un solo peso al erario; los honorarios del bufete serían cubiertos únicamente en caso de éxito, al recuperarse los bienes mal habidos.”
En tono enérgico, Corral acusó a Duarte de cinismo al intentar presentarse como víctima política, y lo responsabilizó de haber saqueado el estado con opulencia y descaro, mencionando propiedades de gran escala, ganado exótico, empresas fantasma y una vida de excesos financiada con dinero público.
“Este es el mismo que hace diez años juró que firmó un documento para transferir 65 millones a un banco sin haberlo leído. Duarte solo sabe hacer dos cosas: mentir y corromper.”
Corral también arremetió contra los medios de comunicación que —dijo— han reproducido la versión de Duarte sin cuestionamientos.
“Resulta curioso que ningún medio le pregunte por su rancho del tamaño de la capital del estado, por sus festines con artistas, por el endeudamiento de veinte años, o por el banco que intentó fundar con dinero público.”
Finalmente, llamó a no perder la memoria ni la dignidad frente a la impunidad:
“Que el ladrón más grande de Chihuahua hoy se burle del pueblo es resultado de un pacto de complicidad. Pero el pueblo no olvida. Y aún hay una deuda pendiente con la justicia.”
Estas declaraciones se suman al debate público en torno al fracaso de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, una iniciativa que, bajo la gestión de Corral, prometía llevar a Duarte ante la justicia y recuperar los recursos públicos desviados. Hoy, tras reveses judiciales y acusaciones cruzadas, el caso simboliza no solo una crisis institucional, sino un desencanto social con la promesa incumplida de justicia.
