La gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ya no puede ocultar su complicidad explícita con los excesos de poder y abusos de autoridad cometidos en Parral, y quedó plenamente demostrado al enviar al lobo a cuidar a las ovejas, con un mensaje contundente de que, el Gobierno Municipal, contaba con todo el respaldo desde Chihuahua capital y los demás, que aguanten, como versa «Ese Último Momento» de Alejandro Sanz.
Ahora se sabe que aquello de «no se va a permitir una bestialidad» como calificó Campos Galván la golpiza que unos policías municipales propinaron a un civil por orden del exalcalde Lozoya, a quien escoltaban ese día como guardaespaldas particulares pagados con recursos públicos, y eso de «para ir eliminando que una persona mande y disponga sin tener ninguna autoridad», fue y es, de hecho, pura demagogia y de la más barata que existe en política.
Aquel 20 de julio, la mandataria instruyó personalmente al fiscal General, César Jauregui, atender de manera directa el caso e informarle cada avance en la investigación, pero el empoderado ex secretario de Gobierno se pasó por el arco del triunfo esa instrucción y devolvió el asunto a Parral, o tal vez sabía que las palabras de su jefa eran puro show al estar frente a cámaras y micrófonos.
No fue para nada casualidad que el fiscal carnal, César Jáuregui Moreno, fuese quien representara a la gobernadora en el Segundo Informe de Gobierno de César Peña. De entre todo su gabinete, escogió al principal promotor de Movimiento Ciudadano, al protector del poder detrás de la silla, con un discurso tan floreado que hasta empalagó, pero que manda un claro mensaje a los aspirantes del PRIAN: ni se emocionen que la candidatura a la alcaldía será naranja y ni Chava Calderón, ni Edgar Piñón, ni Miguel Jurado Prieto -para el que la alusión es doble porque le hacen saber que la agresión contra su hijo correrá la suerte del carpetazo- tendrán posibilidades frente a la alianza fáctica que se viene.
Que lamentable y patético que Maru Campos haya cedido a las tentaciones de la negociación política en lo oscurito y provea de atole con el dedo a quienes, ilusos, piensan que la jefa jugará limpio y a favor de los acuerdos que se van hilando. Pero, una de dos: o Jáuregui Moreno se manda solo y recibirá una reprimenda del tamaño de la de Serrato, Fierro, Sandoval y otros tantos, o está plenamente enterada y de acuerdo con cada palabra emanada de la boca de su fiscal General que como procurador de justicia resultó muy buen secretario de Gobierno.
Así que los que han sido víctimas de agresiones y que conservaban la esperanza de acceder a una justicia, ya no pronta ni expedita, sino justicia a secas, pueden irse olvidando de que avancen sus carpetas, cuando el acusado departe en la misma mesa de quien, se supone, le investiga, quien es a la vez el invitado VIP del señalado como autor intelectual de los excesos y abusos.
Luego entonces puede entenderse que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que el 64.8% de la población chihuahuense de 18 años o más considera a la Fiscalía General del Estado es corrupta, seguida de la Policía Ministerial con un 64.3%.
El dato se pone más interesante cuando se observa que la FGE supera en más de 16 puntos porcentuales a la Guardia Nacional (48.5%) en cuanto a percepción de nivel de corrupción por corporación y aún más lejos del Ejército, a quienes «apenas» el 37.37% los echa dentro del costal de autoridades corruptas, es decir, 27.7 por ciento menos que a la Fiscalía de César Jáuregui.
