Redacción de ‘El Papelerito’
La excarcelación de Édgar Herman Escárcega Valenzuela, alias “el abejorro”, condenado por secuestro y aún con 25 años de sentencia pendientes, encendió la polémica en Chihuahua. El hecho ocurrió apenas días después de la entrada en funciones de los nuevos jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y ha colocado bajo la lupa a la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, hermana del beneficiado.
La decisión de modificar la condena y otorgar prisión domiciliaria fue firmada por el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes, funcionario con trayectoria en el Poder Judicial desde 2009. La resolución ha generado fuertes cuestionamientos por el presunto conflicto de interés que rodea al caso, dado que la magistrada Escárcega recién obtuvo uno de los asientos en el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que su esposo, el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas, participó en los procesos legislativos vinculados a la designación de candidatos.
Acusaciones cruzadas en el Congreso
El tema llegó al Congreso del Estado de Chihuahua, donde el diputado de Morena, Pedro Torres, adelantó que presentará un posicionamiento en contra de la liberación, argumentando que este tipo de decisiones minan la credibilidad ciudadana en el sistema judicial y evidencian la intromisión de intereses políticos en resoluciones de alto impacto.
Por su parte, Sánchez Villegas calificó las acusaciones como una “calumnia” y acusó a Morena de utilizar el caso como revancha política. “Es un ataque directo porque hemos señalado al narco Estado y casos de corrupción del Gobierno Federal. Les incomoda que exhibamos temas como el huachicol fiscal, el mayor desfalco al erario en la historia del país”, declaró el legislador emecista, quien además acusó al morenista Torres de haber bloqueado en comisiones la tipificación del delito de narcoterrorismo.
Sospechas sobre el juez
El posicionamiento que circula en la Gaceta Parlamentaria señala además al juez Erives Fuentes, al considerar que su decisión pudo haber estado influenciada por la magistrada Escárcega para favorecer a su hermano.
El caso, que combina intereses familiares, pugnas partidistas y resoluciones judiciales, ha escalado rápidamente en la agenda pública. Para la oposición, representa un nuevo golpe a la confianza en las instituciones de justicia; para Movimiento Ciudadano, se trata de un montaje político orquestado por Morena.
Mientras tanto, la pregunta que flota en el ambiente es si la liberación de “el abejorro” obedece a criterios legales o a redes de poder bien conectadas dentro del Poder Judicial de Chihuahua.
