Redacción de ‘El Papelerito’
La tarde del sábado 26 de julio, un grupo de madres de jóvenes sentenciados por secuestro durante el gobierno de Javier Corral se manifestó a las afueras de la librería Sándor Márai, propiedad del exgobernador, en la ciudad de Chihuahua.
Las protestas se centraron en los casos de Germán Loera y Juan Alfonso Puerta, ambos condenados a 50 años de prisión, cuyas familias denuncian irregularidades en los procesos judiciales, así como tortura y fabricación de culpables.
Durante la manifestación, que coincidió con la presentación de un libro de Ricardo Raphael, los inconformes portaban mantas con leyendas como: “Corral torturador”, “Javier Corral responsable de asesinatos como el de los jesuitas de Cerocahui” y “Torturado y fabricado culpable: Germán Loera”. Conductores que circulaban por el lugar mostraron su apoyo sonando el claxon en señal de solidaridad.
La protesta escaló cuando Cinthia Aideé Chavira Gamboa, esposa de Corral, confrontó a las familias, exigiéndoles “ver caras” y tomándoles fotografías con su teléfono celular. Personal de seguridad del lugar solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, que acudió al sitio para intentar disolver la concentración.
Entre los asistentes se encontraba la periodista y escritora María Guadalupe Lizárraga Hernández, fundadora del medio Los Ángeles Press, quien ha documentado ampliamente casos de fabricación de culpables en México. Lizárraga, autora del libro El Falso Caso Wallace, señaló públicamente a Javier Corral como promotor de la ilegalidad y acusó a Ricardo Raphael de plagiar su investigación periodística, base del libro que el autor presentaba ese día.
Cabe recordar que el propio Javier Corral ha sido señalado por su presunta participación en actos de tortura, manipulación de pruebas y fabricación de culpables durante su administración, entre ellos el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach. En ese proceso fueron señalados como responsables, bajo tortura, Juan Carlos Moreno Ochoa y Hugo Amed Schultz Alcaraz, además de Edgar Salazar Gaxiola, quien también fue forzado a incriminar a los anteriores.
Las familias exigieron la revisión de los casos, la liberación de los jóvenes que consideran inocentes, y denunciaron el uso del poder político y judicial para proteger intereses personales, mientras se criminaliza a ciudadanos sin pruebas contundentes.
