La maestra Adriana Jacqueline Barrón Ruiz, asignada hasta hace unas semanas a la escuela primaria Mariano Escobedo 2446 en la comunidad de Baqueteros, denunció públicamente haber sido retirada de su cargo sin previo aviso ni derecho a defenderse, en lo que califica como un acto de represalia por haber señalado irregularidades internas.
Según relató la docente, fue a través de un mensaje de WhatsApp, enviado fuera del horario laboral, que se enteró de su separación del puesto.
“Nunca hubo una notificación oficial, ni audiencia, ni oportunidad de presentar pruebas. El proceso fue completamente opaco”, acusó.
Ruiz señala directamente al supervisor Rafael Villalobos Sánchez, de la zona escolar 7, como responsable de haber ejecutado su cese de manera irregular, sin la intervención del área jurídica, como inicialmente le fue informado, y asegura que la engañaron diciéndole que la citaba el coordinador de Educación de la Zona Sur, Jorge Baca, lo que resultó falso.
Asegura que desde su arribo a la institución, en agosto pasado, documentó y denunció fallas tanto administrativas como académicas, incluidas quejas formales contra un colega que —según afirma— nunca fueron atendidas.
“No tengo antecedentes de sanciones ni observaciones en cinco años de servicio. Ahora me acusan de presentar una incapacidad falsa, sin pruebas ni proceso legal”, expresó.
Actualmente, cuenta con un amparo federal que ordena la conservación de su salario y servicios médicos mientras se revisa la legalidad del procedimiento que la dejó fuera del aula.
Mientras tanto, la escuela Mariano Escobedo 2446 de Baqueteros permanece cerrada desde hace un mes, situación que, de acuerdo con Ruiz, perjudica directamente a los estudiantes de esta comunidad rural.
“Los niños están sin clases, y los padres me respaldan. Exigen respuestas y mi regreso al plantel”, señaló.
La maestra también reveló que no es la primera vez que ocurre un caso similar en esa institución. Años atrás, otra docente habría sufrido hostigamiento laboral, lo que a su juicio revela un patrón preocupante de abusos dentro del plantel.
Barróm Ruiz indicó que ha recurrido a organismos de derechos humanos y no descarta emprender otras acciones legales.
“No voy a quedarme callada”, enfatizó.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación del estado no ha emitido una postura oficial respecto a su caso ni sobre el cierre prolongado de la escuela.
