Redacción de El Papelerito
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió públicamente a los cuestionamientos derivados de una investigación periodística que expone el valor y las características de la residencia que posee en el fraccionamiento Bosques de San Francisco, así como una serie de operaciones inmobiliarias vinculadas a su entorno y a empresas relacionadas con el llamado duartismo.
La propiedad, ubicada en una de las zonas de mayor plusvalía de la capital del estado, fue descrita como una residencia de amplias dimensiones y acabados de lujo. De acuerdo con la documentación revisada por el medio que publicó el reportaje, el inmueble se asienta sobre varios lotes cuyo valor catastral supera los 31 millones de pesos, cifra a la que se suman los costos de construcción y equipamiento.
Según esos datos, los terrenos que integran la residencia fueron adquiridos inicialmente por el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, esposo de la mandataria, y posteriormente fusionados. Tras el fallecimiento del empresario, la propiedad pasó a formar parte del patrimonio de la gobernadora y de sus hijos, conforme a la sucesión testamentaria.
La investigación también expone una red de operaciones inmobiliarias entre la gobernadora —tanto a título personal como a través de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, en la que declaró tener una participación mayoritaria— y firmas como Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, relacionadas con José Luis García Mayagoitia, exfuncionario durante la administración de César Duarte Jáquez.
Los documentos citados refieren compras, permutas y cesiones de terrenos en distintos desarrollos residenciales, así como la adquisición de bodegas y otros inmuebles por montos millonarios bajo esquemas de pago diferido. Parte de estas operaciones coinciden en el tiempo con un incremento en los ingresos reportados por la mandataria en sus declaraciones patrimoniales, particularmente por concepto de enajenación de bienes.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la gobernadora fijó postura. Aseguró que la residencia en cuestión no es una obra iniciada durante su gestión, sino una construcción que fue realizada por su esposo antes de su fallecimiento. Subrayó que los bienes que integran su patrimonio tienen origen lícito y que su situación patrimonial ha sido reportada conforme a la ley.
Sin profundizar en cada una de las operaciones señaladas, insistió en que no existe irregularidad alguna y sostuvo que ha actuado con transparencia a lo largo de su trayectoria pública. También remarcó que sus declaraciones patrimoniales están disponibles y que no tiene asuntos pendientes en esa materia.
El reportaje retoma además antecedentes políticos, entre ellos las investigaciones relacionadas con la llamada “nómina secreta” del sexenio de Duarte, caso en el que Campos fue señalada y vinculada a proceso cuando era diputada local. No obstante, tras ganar la gubernatura en 2021, el procedimiento no derivó en sentencia en su contra.
Hasta ahora, la declaración ofrecida en medios nacionales constituye la respuesta más reciente de la mandataria frente a las revelaciones sobre su patrimonio inmobiliario y los vínculos empresariales expuestos en la investigación.
