Durante la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado celebrada el día de ayer, se discutió un dictamen derivado de una iniciativa presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, mediante la cual se pretendía incorporar en el Código Penal del Estado el delito de narcoterrorismo.
Al respecto, el diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y de la propia Comisión de Justicia, señaló que dicha propuesta es jurídicamente inviable, ya que el terrorismo, incluyendo sus variantes, es una figura ya contemplada en el orden jurídico federal, y su regulación, persecución y sanción corresponden a instancias federales.
“Quiero ser muy claro con la ciudadanía: esta figura no puede ser legislada por este Congreso local. El terrorismo, en todas sus formas, ya se encuentra regulado en el Código Penal Federal, por lo tanto, incluirlo en el ámbito estatal sería duplicar funciones y abrir la puerta a posibles controversias legales sobre su aplicación”, puntualizó el legislador priista.
El terrorismo ya está legislado a nivel federal, particularmente en los artículos 139 al 139 Ter (terrorismo), 139 Quáter y 139 Quinquies (financiamiento al terrorismo), así como en los artículos 148 Bis al 148 Quáter (terrorismo internacional) del Código Penal Federal. Cualquier modificación o incorporación de nuevas figuras debe impulsarse en el ámbito federal, no desde los congresos estatales.
Originalmente, la propuesta del diputado de MC pretendía tipificar el delito de narcoterrorismo. Sin embargo, al advertir en una reunión previa de la Comisión que ese tipo penal no es competencia estatal, dio la instrucción de cambiar el enfoque para legislar ahora sobre “terrorismo”, sin reconocer que el fondo del problema era el mismo: proponer algo fuera del alcance jurídico de este Congreso.
“Este cambio no fue producto de un análisis jurídico serio, sino una decisión tomada a conveniencia, tratando de salvar una iniciativa mal planteada. Lo correcto habría sido reconocer la falta de competencia y encauzar el tema en el Congreso de la Unión”, explicó Ramírez.
El nuevo texto que se intentó impulsar contemplaba penas de cinco a veinte años de prisión y hasta dos mil días multa, a quien realizara actos o emitiera mensajes que generaran temor o alarma en la población, incluso sin que hubiera violencia. Para el legislador, una redacción tan amplia y ambigua podría representar un grave riesgo, ya que incluso una manifestación pacífica, como las del 8 de marzo, podría ser interpretada como terrorismo, lo cual atenta directamente contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y de protesta.
Ante la falta de argumentos jurídicos, el diputado de Movimiento Ciudadano acusó públicamente al PRI de “proteger a narcoterroristas”, lo cual fue desmentido tajantemente por Ramírez Gutiérrez.
“La verdad es simple: no votamos en contra porque no nos preocupe la violencia del crimen organizado, sino porque este Congreso no tiene atribuciones para legislar con eficacia sobre ese tipo de delitos, ni sería válido hacerlo a nivel local. Si realmente se quiere combatir el narcoterrorismo, la propuesta debe llevarse al Congreso de la Unión”, enfatizó.
Finalmente, el diputado Ramírez hizo un llamado a mantener la responsabilidad y el respeto por la legalidad en temas tan delicados como la seguridad.
“Estos temas exigen seriedad, técnica legislativa y respeto al marco legal. No podemos permitir que se utilicen para emitir declaraciones falsas ni para promover leyes que pueden ser anuladas por falta de competencia. Como integrante de la Comisión de Justicia, seguiré trabajando con responsabilidad, siempre del lado de la ciudadanía y del estado de derecho”, concluyó.
