Por más que se pretenda maquillar la situación, Guadalupe y Calvo está bajo fuego. Y aunque la presencia de la gobernadora Maru Campos Galván, junto con los altos mandos de seguridad federal y estatal este martes 22 de julio, representa un mensaje de atención institucional, la realidad exige mucho más que discursos, fotos y protocolos.
Porque si algo ha quedado demostrado una y otra vez —y basta con mirar el historial reciente— es que una sesión de la Mesa de Seguridad no detiene las balas ni frena las ejecuciones. Lo que realmente hace la diferencia, o podría hacerla, es el seguimiento puntual, la permanencia de la estrategia y, sobre todo, la voluntad real de no dejar solos a los municipios serranos apenas se apagan los reflectores.
La semana pasada fue particularmente sangrienta. Desde que se anunció que la Mesa sesionaría en Guadalupe y Calvo con la presencia de la mandataria estatal, el fiscal César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, y los jefes del Ejército y la Guardia Nacional, la violencia no se contuvo, se intensificó. Balaceras, enfrentamientos, cuerpos abandonados en carreteras, algunos con vestimenta táctica, y una comunidad que vive con el temor como rutina.
Una vez más, las fuerzas del orden han sido rebasadas por el poder de fuego y la capacidad de respuesta de los grupos criminales, quienes parecieran responder cada operativo con un desafío aún mayor. La alcaldesa Ana Laura González ha quedado en una posición incómoda: sin control de la seguridad local, sin suficientes elementos municipales para hacer frente a la crisis, y con una ciudadanía que no espera ya explicaciones, sino resultados.
Y como si el libreto no cambiara, también ha sido notoria la tendencia de la Fiscalía General del Estado a minimizar o directamente negar lo evidente, como ha sucedido en otras ocasiones cuando se reportan enfrentamientos o incursiones armadas y simplemente se responde que “no se encontraron indicios”. E igual que lo hemos cuestionado antes: ¿Cómo encontrar indicios si, por rápido, llegan 24 horas después, y hay casos en los que han tardado más de 72 horas en reaccionar?
En medio de esta realidad cruda y compleja, el diputado federal Noel Chávez Velázquez, quien conoce bien el territorio al haber sido dos veces presidente municipal de allá, ha manifestado su confianza en que el esfuerzo conjunto rinda frutos. Pero incluso él —consciente del abandono histórico— sabe que la clave no está en una reunión más, sino en que por fin las instituciones cumplan lo que prometen, incluso cuando ya no están las cámaras.
La Sierra Tarahumara, con Guadalupe y Calvo como epicentro, no necesita más declaraciones solemnes, sino presencia efectiva, recursos permanentes, y una coordinación operativa que no se desmonte apenas se levanta el acta de la reunión. Porque de nada sirve llevar a la plana mayor de seguridad si los operativos duran lo mismo que la visita oficial. Y si lo único que cambia después de sesionar es el boletín de prensa, mientras allá en la brecha, la violencia sigue imponiendo su ley.
Se ha filtrado información en el sentido de que, uno de los acuerdos de la dichosa mesa, será el despliegue de mil elementos, entre militares, guardias nacional y agentes estatales (de los municipales ni hablamos), mismos que tendrán como primera responsabilidad, contener al crimen organizado. Ojalá duren. Ojalá hagan retroceder a los malitos y resistan el embate, los dronazos, las amenazas y el sinfín de recursos que parecieran ilimitados.
Y ojalá también -más importante aún- y sí se pongan al tú por tú contra los sicarios y no contra los ciudadanos.
