Ante la falta de mayoría calificada para avalar reformas constitucionales, Morena y sus aliados devolvieron a comisiones el dictamen de reformas al artículo 5º transitorio del decreto constitucional para ampliar hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
De último momento la mayoría de los senadores tomó esa decisión tras evaluar que perderían, al no alcanzar las dos terceras partes de los votos de los presentes.
Morena y aliados rechazaron con su mayoría una moción suspensiva planteada por Acción Nacional (PAN) para dar paso a un parlamento abierto el escenario.
Con 61 votos en contra, de Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde (PVEM), Encuentro Social (PES), se rechazó esa posibilidad y sólo 38 opositores respaldaron la suspensión del debate.
Casi cuatro horas después la situación cambió y en dos oficios, el bloque oficialista pidió suspender la discusión y devolver el dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, lo que fue autorizado de manera ilegal, según la oposición.
Antes, y ante el inminente rechazo a la reforma sobre la Guardia Nacional en el Senado de la República, Morena propuso posponer el debate.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, propuso en tribuna atender peticiones de senadores, y “se dé más tiempo al análisis y a la discusión del dictamen”.
El morenista planteó que la iniciativa regresara a comisiones para que haya mayor discusión al respecto. Las bancadas de oposición subieron a tribuna a rechazar la propuesta.
Lo que pasa es que no les dan los votos, advirtió Damián Zepeda, del PAN. Es inaceptable aplazar, agregó.
Xóchitl Gálvez, también del PAN, rebatió: “quieren posponer el debate porque no les alcanzan los votos, y quieren convencer a más, por eso queremos el debate hoy“.
Claudia Ruiz Massieu, del PRI, reprochó a Morena constantes incumplimientos. “No hay confianza, una y otra vez han traicionado su palabra”, dijo.
Desde el primer día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en militarizar, nunca quiso cuerpos civiles de seguridad, aseguró el coordinador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.
“¡Claro que nos llamamos traicionados! Lo que quieren es seguir en un proceso de extorsión política, no traen los votos y por eso se quiere detener. Votemos esto y abramos un proceso de análisis“, expresó. El presidente, añadió, “se acerca más a Santa Anna que a Benito Juárez”.
Las modificaciones
De acuerdo a la minuta remitida al Senado por la Cámara de Diputados, misma que aprobó el pasado martes hacer las modificaciones –a iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, del PRI- se propone extender el periodo que hoy es de 5 años a “nueve años”, es decir hasta marzo de 2028, si se considera que el decreto constitucional data de marzo de 2019.
Se le propone agregar que “dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Como supuestas medidas de control, además del informe ya establecido en el segundo párrafo del decreto hoy vigente, la colegisladora acordó proponer al Senado dos párrafos que dicen “con independencia de lo anterior, se integrará una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo”.
El último párrafo propuesto indica que “para tal fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios”.
