Pomposamente, Gobierno del Estado anuncia que atienden a casi 40 habitantes de San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita, todas, comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, que fueron literalmente obligados por las autoridades, ni siquiera por los malandrines, a dejar sus hogares.
¿Qué sucedió? Que con todo y los enfrentamientos entre grupos criminales del domingo pasado en los que incendiaron viviendas, al menos una decena de afectados se negaban a irse a otro lado, aun y cuando las condiciones para quedarse no eran ni seguras ni adecuadas y, en algunos casos, ni era posible, pero la orden de la gobernadora Maru Campos era resguardarlos, lo que no está mal, pero más lejos todavía está de estar bien.
¿Por qué? Porque el Estado debe ser garante de seguridad y evitar que sucedan hechos de alto impacto y, si suceden, enfrentarlos, no justificarse en que se dan entre delincuentes por ajustes de cuentas, como si eso no afectara a la población civil, pero, al no poder hacerlo, ellos mismos como autoridad, persuaden a las víctimas colaterales para salir de donde han establecido un hogar, con independencia de las construcciones en las que vivan, sean de madera, cartón, lámina o block, son sus casas a final de cuentas.
De los 39 tepehuanes desplazados, la enorme mayoría son niños, 30, y el resto adultos que, “apoyados” por el Operativo Conjunto, dejan su arraigo para ir a otro lugar “más seguro” en un albergue mientras les habilitan pies de casa, mientras pase la emergencia, mientras logran controlar la situación que se les salió de las manos hace meses. Ese “mientras” les parecerá una eternidad.
Es triste y lamentable que Guadalupe y Calvo, así como Guachochi, sean noticia no por sus impresionantes paisajes y porque tienen lugares de postal para turistear, o al menos por las obras de sus alcaldes Julio César Chávez y José Yáñez, respectivamente, que les quedaron a deber todo a sus gobernados.
“Juntos Por La Sierra” se llama la estrategia que, más allá de acciones preventivas de seguridad, son donaciones post-evento, es decir, tras una balacera, mandan despensas, cobijas y otros apoyos, sea a través de Desarrollo Humano y Bien Común, de la Secretaría de Pueblos Indígenas, del DIF Estatal o de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. o hasta de la misma Fiscalía, y entonces sí aparecen los presidentes municipales y los diputados para la foto. Y no es que pretendamos que, como dijera Javier Corral, anden arriba de las patrullas, pero sí podrían hacer más efectivas las mesas de seguridad.
El más reciente dato que arrojan los análisis de la inseguridad en la Sierra Tarahumara, al igual que en Allende, Coronado y Jiménez, es que, supuestamente en tres meses se reflejarán los resultados. ¡Hasta no ver, no creer! Y es que cada que anuncian despliegues, operativos, patrullajes, retenes o detenciones, se suscitan refriegas, incendian camionetas, balean casas, negocios e iglesias, así que resulta complicado mantener el beneficio de la duda.
