Redacción de ‘El Papelerito’
Una imagen difundida en los estados de WhatsApp de Samuel García Loya, subdirector de Desarrollo Rural del Municipio de Parral, encendió la polémica y dejó más preguntas que respuestas.
En la fotografía se observan tres rifles con mira telescópica, una pistola, cargadores abastecidos y cartuchos, acomodados sobre una cama, presuntamente como resultado de un aseguramiento tras las detonaciones registradas la noche del 31 de diciembre por los festejos de Año Nuevo.
El problema no es menor: García Loya no pertenece a ninguna corporación de seguridad, no es mando policial ni autoridad ministerial, y su cargo, una subdirección municipal, no guarda relación alguna con tareas de prevención del delito, aseguramientos ni procuración de justicia.
Aun así, aparece exhibiendo armamento que, de confirmarse su origen ilícito o su aseguramiento oficial, debería estar exclusivamente bajo resguardo de autoridades competentes.
En México, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es clara: el aseguramiento, posesión, resguardo y puesta a disposición de armas corresponde a instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, policías estatales con facultades legales y el Ministerio Público.
Incluso las policías municipales, en la mayoría de los casos, no tienen atribuciones para decomisar armas, sino únicamente para prevenir delitos y canalizar hechos a la autoridad ministerial.
Ante ello surgen cuestionamientos inevitables:
•¿Cómo tuvo acceso el funcionario a ese armamento?
•¿Participó en un operativo sin tener atribuciones legales?
•¿Las armas estaban bajo resguardo oficial o en posesión irregular de un particular?
•¿Quién autorizó que fueran fotografiadas y exhibidas en una red social privada?
Más aún: ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre un decomiso de ese tipo, pese a que ya transcurrieron varios días desde los hechos, suponiendo que el presunto decomiso haya sido después de las detonaciones de la noche del 31 de diciembre, como lo informaron fuentes al interior de Presidencia Municipal, y habiendo transcurrido 72 horas hasta el 3 de enero.
No hay comunicado de la Fiscalía General del Estado, ni referencia alguna del Ejército o la Guardia Nacional, lo que incrementa la incertidumbre y deja en el aire la legalidad del supuesto aseguramiento.
El silencio institucional también alcanza al ámbito político. ¿Está enterado el alcalde Salvador Calderón de que un integrante de su administración presume armas largas y cortas como si se tratara de un trofeo? ¿Se abrió alguna investigación interna para deslindar responsabilidades o aclarar el origen del armamento?
El contexto nacional y estatal no es menor: disparos al aire han cobrado víctimas inocentes, y el uso, exhibición o manejo indebido de armas de fuego no es un asunto de redes sociales, sino de responsabilidad penal. La simple posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, sin autorización, configura delitos federales.
Lo ocurrido no solo exhibe una posible irregularidad grave, sino también una peligrosa normalización del armamento fuera de los cauces legales. En un municipio que exige seguridad y legalidad, la imagen de un funcionario municipal presumiendo rifles y pistolas no genera confianza: genera alarma.
Mientras no exista una explicación clara y una postura oficial, el caso queda como un símbolo incómodo de improvisación, opacidad y posible violación a la ley, donde las armas aparecen, pero la rendición de cuentas brilla por su ausencia.
Captura de pantalla:
