Redacción de ‘El Papelerito’ / Imagen ilustrativa
En un hecho que expone la magnitud del poder criminal en la región serrana de Chihuahua, un convoy de al menos 80 hombres fuertemente armados y a bordo de 20 vehículos blindados de forma artesanal sometió y desarmó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal durante la tarde del domingo 24 de agosto, cuando éstos realizaban un relevo de personal en el trayecto Guadalupe y Calvo–Parral.
De acuerdo con el informe oficial, los agentes se toparon en el poblado de Catedral con una camioneta Jeep aparentemente varada; en el lugar se encontraban hombres armados y con equipo táctico que, tras unos instantes de diálogo, pidieron refuerzos por radiofrecuencia. Minutos después irrumpió un contingente criminal mucho mayor, que superó en número y armamento a los uniformados.
Los policías fueron encañonados, golpeados con las armas y obligados a arrodillarse mientras eran despojados de equipo táctico, radios de comunicación, teléfonos, dinero y armamento. Durante la agresión, los sicarios —quienes afirmaron responder a un jefe criminal identificado como “El 35”, señalado como operador en la sierra de Parral y Guadalupe y Calvo— amenazaron con asesinarlos.
Los agentes fueron posteriormente trasladados contra su voluntad en las mismas patrullas oficiales, hasta una brecha donde continuaron los golpes y amenazas. En ese sitio, el supuesto jefe de plaza les planteó “un acuerdo” para trabajar en conjunto con la delincuencia organizada, propuesta que fue rechazada por los uniformados.
Finalmente, tras varias horas, los criminales devolvieron parte del armamento y pertenencias, y liberaron a los elementos, quienes pudieron llegar a Guadalupe y Calvo alrededor de las 18:20 horas.
Según la versión de los propios policías, los grupos armados buscaban a otros elementos apodados “Guacho” y “Rojo”, señalados de haber exigido un pago a un transportista esa misma mañana, lo que habría detonado la retención y agresión contra los estatales.
Este episodio refleja el control territorial y operativo que mantienen las organizaciones criminales en la sierra de Chihuahua, donde los cuerpos de seguridad estatales se ven no solo rebasados en número y armamento, sino incluso forzados a negociar su libre tránsito en la región.
Tras los hechos, se ha desplegado un operativo en aquella zona con 300 elementos de las Células BOI que incluyen agentes estatales y de la Guardia Nacional para buscar a los responsables de la agresión.
