El exgobernador César Duarte recordó esta noche, durante el receso en la audiencia, que recibió un estado en caos y lo dejó en paz, lleno de obras que están a lo largo y ancho de Chihuahua.
En un audio que grabó y difundió su defensa legal, en el que Duarte Jaquez saluda a los medios de comunicación, dijo que está dando una pelea fuerte, sólida y llena de argumentos.
«Las mentiras y los chismes han atrapado al estado y es tiempo de romper esa sinergia», expresa el exmandatario, al referirse a su caso, del que confía salir victorioso.
Sus abogados expusieron las causales por las que piden el sobreseimiento, entre las que destacan que los hechos atribuidos debieron iniciarse por la vía administrativa y no por la vía penal, tal y como ya se resolvió en similar situación a Rosario Robles por un Tribunal Colegiado Federal e incluso, a nivel local, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó por tres meses a Juan Pedro Santarrosa, exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte de Javier Corral por desvío de recursos, lo que demuestra que estos asuntos son Administrativos y no penales.
El equipo jurídico de Duarte asegura que ya prescribieron los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa.
Afirman que no se cumplió el requisito de procedibilidad, consistente en que el H. Congreso del Estado debió ordenarle a la Auditoría Superior del Estado que iniciara procedimiento penal, así lo establecen la Ley Orgánica del poder Legislativo y la ley de Auditoría Superior del Estado, vigentes en la fecha de los hechos.
Constitucionalmente, continúan, la aprobación de las cuentas públicas por el H. Congreso del Estado no pueden ser controvertidas por el Poder Ejecutivo a través de la FGE o la Función Pública, así lo indica la Constitución Política del Estado de Chihuahua en su artículo 75: El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando hayan sido dictadas en ejercicio de las atribuciones que a este confiere el artículo 64 en sus fracciones VII, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII y XLIII
ARTICULO 64. Son facultades del Congreso:
VII. Revisar y fiscalizar, en los términos de la ley de la materia y por conducto de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Fiscalización, las cuentas públicas anuales y los informes financieros trimestrales del Estado y de los municipios; así como los estados financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación.
Si del examen de las cuentas públicas que realice la Auditoría Superior del Estado aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
Las cuentas públicas fueron aprobadas por el H. congreso del Estado y publicadas mediante decreto sin responsabilidad patrimonial.
Alega la defensa del exgobernador que la FGE no tiene competencia para procesar a funcionarios y ex funcionarios, ya que es competencia de la Fiscalía Anticorrupción, la cual es constitucionalmente autónoma.
Adicionalmente se expusieron violaciones al Debido Proceso y el Efecto Corruptor por parte de los tres niveles del gobierno anterior.
Es por lo anterior que se solicita el sobreseimiento total de la causa penal, lo cual tendrá efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado.
Se estima que en breve la Juez decretará un receso de varias horas para resolver la petición de sobreseimiento.
